El PP rechaza en Vizcaya la tasa de carburantes aprobada por el Ejecutivo central
Las Juntas Generales de Vizcaya rechazaron ayer, con los votos de toda la oposición, la aprobación de la ley que da cobertura al nuevo impuesto sobre carburantes que impulsó a finales del pasado año el Gobierno central para financiar la sanidad. El PP vizcaíno se sumó a los votos negativos de PSE, Batasuna e IU para no 'generar otro conflicto institucional a dos días de la negociación del Concierto [Económico]', según explicó su portavoz, Carlos Olazabal.
Esta tasa ha entrado en vigor en la práctica con un aumento de cuatro pesetas por litro en todos los carburantes desde el pasado 1 de enero. Dado que la competencia en impuestos pertenece a las diputaciones, este gravamen tiene que ser regulado por normas forales en los tres territorios del País Vasco.
Los dos partidos del equipo de gobierno en Vizcaya, PNV y EA, intentaron que la norma se aprobase en la comisión de Economía de las Juntas, pero el empate de votos con la oposición hizo que el dictamen decayese.
Los partidos del Gobierno foral vizcaíno censuraron que la norma no se aprobase, cuando se pactó en el Consejo Vasco de Finanzas y es idéntica para los tres territorios. El PP argumenta que las diputaciones guipuzcoana y alavesa no han tramitado la norma. 'Álava ha dicho al ministerio que no hará la tramitación hasta que exista concertación con el Estado, porque el impuesto tiene incidencia en el Cupo. Mientras Guipúzcoa y Álava lo tienen en stand-by, Vizcaya lo ha tramitado por vía urgente', afirmó Carlos Olazabal.
El juntero vizcaíno pidió la retirada del dictamen de la norma 'porque si no está concertada es otro motivo de conflicto'. PNV y EA se negaron a ello y, tras no lograr la aceptación, han pedido a los servicios jurídicos de las Juntas que estudien si el proyecto puede llevarse a debate al pleno de la Cámara vizcaína.
Un portavoz foral apuntó la posibilidad de que, si no se aprueba el texto, quede sin aplicarse esta tasa en Vizcaya, 'por lo que se dejaría de cobrar'. En Navarra, el Consejo consultivo dictaminó la pasada semana que la tasa 'no rige' en la comunidad y que, para su cobro, deberá aprobarse una ley foral o incluir la nueva tasa en la negociación del Convenio Económico.
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