El Gobierno está dispuesto a sacar adelante la ley de servicios en Internet

El Ministerio de Ciencia y Tecnología da esta semana los últimos retoques a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) para su envío inminente al Consejo de Ministros. El ministerio rechaza que la ley abra el paso a cercenar la libertad de expresión y se siente respaldado tras los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado que, a pesar de introducir múltiples retoques técnicos, no discuten los enfoques centrales de la ley. Para el CGPJ la ley no da más facultades interventoras a la administración de las que ya existen. Se trata de aplicar una directiva europea de 1998 que entró en vigor el 17 de enero en aquellos países, como España, que no han cumplido los plazos. El ministerio propuso un debate público sobre la ley a finales del 2000 y colgó algunos borradores en su web.

En mayo, algunos sitios encabezados por Kriptópolis hicieron sonar la alarma. La ley no afectaba, según este análisis, sólo a quienes hacían transacciones en la red sino que entraba a regular los sitios de información y establecía medidas preocupantes para la libertad de expresión como que la administración pueda cerrar cautelarmente un sitio sin intervención judicial o imponer un registro para proveedores de servicios.

La revista Wired recogió la polémica en su artítulo ¿La Santa Inquisición resucita en la Red? Más tardíamente, la Asociación de Internautas (AI) negoció con el ministerio que se acotara el ámbito de la ley a quienes realizan actos comerciales. PSOE e IU ven con preocupación las ambigüedades de la ley. La posición final del PSOE está a la espera del texto. El ministerio considera que la LSSI es una ley marco que no aumenta la injerencia administrativa en Internet y servirá para dar seguridad al consumidor.