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Reportaje:

'España no es la tierra prometida. Es el infierno'

El fin de las regularizaciones ordenado el 14 de enero por el Gobierno deja a 250.000 inmigrantes en la clandestinidad

Las cinco personas que hablan en este reportaje no se atreven a revelar sus nombres por miedo a ser expulsadas de España. Se trata de inmigrantes a los que la decisión del Gobierno de rechazar las solicitudes de regularización presentadas desde el 14 de enero ha condenado a vivir al margen de la ley. En su misma situación se encuentran otros 250.000 extranjeros.

El delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, recomendó el pasado día 1 a todas estas personas 'que se vuelvan a sus países de origen'. Precisó que ahora la única forma de obtener papeles es a través del contingente anual de trabajadores extranjeros, que este año ofrece 10.000 empleos estables y 22.000 temporales. Los aspirantes a formar parte de este cupo deben presentar su petición en los países de origen. Ningún extranjero de los que ya están en España o de los centenares que siguen entrando cada día por tierra, mar y aire tiene posibilidad de regularizar su situación, por más que haya empresarios españoles interesados en firmarles un contrato de trabajo.

'No me dejan regularizarme los mismos que me dieron 60 días para hacerlo' (R., cubano) 'Mientras esperaba respuesta del Gobierno he perdido mi oferta de trabajo' (V., colombiano) 'Hace seis meses que pedí los papeles. Si ahora me los niegan, ¿qué hago?' (A., marroquí) 'Me acogí a la Operación Ecuador y sólo he obtenido mentiras' (C., ecuatoriano)

Esta paradoja está creando una bolsa de irregulares que crece de día en día. Algunos son empleados por españoles que necesitan de sus servicios y que para contratarlos deben correr el riesgo de situarse al margen de la ley. Otros caen en manos de proxenetas, traficantes de drogas o explotadores sin escrúpulos.

Curiosamente, ha sido el propio Gobierno el que ha conducido a cientos de inmigrantes a ese callejón sin salida. Lo sabe bien R., un cubano de 36 años que llegó al aeropuerto de Barajas a las 14.00 horas del 25 de enero. R. viajaba oficialmente hacia Moscú, pero en cuanto aterrizó en Madrid pidió asilo político. Ésta es la vía de entrada habitual de los inmigrantes procedentes de La Habana. A lo largo del último año, la han utilizado con éxito 3.000 personas, según fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Como al resto de sus compatriotas, la policía del aeropuerto entregó a R., 'por razones humanitarias', una autorización de entrada en España. El documento especifica: 'Se informa de que el titular de esta autorización tiene 60 días de plazo para regularizar su situación o, en caso contrario, para abandonar el territorio nacional'.

Pero R. no puede regularizar su situación, porque hace 11 días que las mismas autoridades que se lo ordenan han cerrado el camino de acceso a los ansiados papeles: el llamado régimen general ha sido prácticamente clausurado.

R. está perplejo. 'Mi abogada me aconsejó que pidiera una exención de visado en la Delegación del Gobierno. Allí me entregaron unos formularios para que presentara una oferta de trabajo. Pero ahora me dicen que la oferta no sirve para nada. Me he quedado en el aire'.

R. consume el plazo de 60 días que le ha dado el Gobierno en la casa de un compatriota, situada a las afueras de Madrid. 'Pienso en mi mujer, con la que llevo 14 años casado, y en mis dos hijos; el crío tiene 5 años y la niña, 12. No sé qué hacer. Me he quedado en el aire'.

Fuentes del Centro Cubano aseguran que ayer mismo pidieron asilo en Barajas otros 17 cubanos; anteayer fueron 61. La policía les franqueó a todos la entrada en España con el mismo compromiso imposible de cumplir: legalización en 60 días.

En igual callejón sin salida que R., aunque después de dar un amplio rodeo, se encuentra V., un colombiano de 33 años. Este ingeniero industrial aterrizó en Barajas, procedente de Bogotá, el 18 de octubre de 2000. Entró en España camuflado como turista. Desde entonces ha trabajado de albañil y de camarero. El año pasado, cuando se abrió el proceso de regularización por arraigo, presentó su solicitud. 'Pero no sabía que había que acompañarla de una oferta de empleo. El dueño del restaurante en el que trabajaba me la hizo a toda prisa'. La entregó fuera de plazo.

Han pasado seis meses y la Administración aún no le ha contestado. En ese tiempo ha perdido el empleo, con lo que la oferta que presentó ya no es válida. 'Estoy angustiado. Todos los meses debo enviar dinero a Colombia para pagar la deuda. Sin papeles no puedo trabajar, y sin trabajo no tengo dinero. España no es la tierra prometida, es más bien un infierno'.

El silencio de la Administración crispa también los nervios de A., un guitarrista marroquí de 28 años que decidió quedarse en España cuando su grupo musical, los Kinahua Marrakech, hicieron escala en Madrid, procedentes de EE UU y Bélgica. De aquello hace ya un año.

En 2001, A. se acogió al proceso de regularización por arraigo, pero, al igual que V., no ha recibido respuesta. Subsiste tocando su guitarra en el parque madrileño de El Retiro. Duerme en casas de amigos, a salto de mata.

'Tengo mujer y dos hijos en Marrakech. Son pobres y debo mandarles dinero. Pero sin papeles es imposible conseguir un trabajo decente', afirma. Su abogada advierte: 'Si se los niegan, no tendrá ninguna vía legal para regularizar su situación'.

Tampoco ha recibido respuesta C., un ecuatoriano de 38 años que en su país se dedicaba a la cartografía por ordenador. Llegó a Barajas, vía Amsterdam 'para despistar', el 16 de mayo de 2000. El 27 de febrero de 2001 se acogió a la Operación Ecuador, una original idea del delegado para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, consistente en llevar a 25.000 inmigrantes a Quito para que regularizaran su situación y volver a traerlos con los papeles en regla. Cuando el actual ministro del Interior, Mariano Rajoy, puso fin a aquella aventura, el Gobierno aseguró a C. y a otros 21.000 compatriotas que les arreglaría los papeles en España. De hecho, el delegado los cuenta como regularizados en el Balance 2001 de su departamento. C. es la prueba de que las cuentas de Fernández-Miranda no se ajustan a la realidad.

El protagonista de esta historia vive al borde de la desesperación. 'Ya me han adelantado cuatro fechas distintas para darme los papeles. Pero siempre han sido mentira. Tengo mujer y dos hijos en Quito, y no aguanto más sin verlos: estoy dispuesto a marcharme y a volver a entrar como ilegal'. Si lo hace, la orden del 14 de enero no le dará oportunidad de regularizar su situación.

C. se ha dejado las manos recogiendo hortalizas y ahora trabaja en una fábrica de calzado en Murcia. Siempre en la clandestinidad. 'Esto es un engaño miserable', declara.

¿Qué sucederá el día que la policía pare en la calle a una de estas personas en situación irregular? R., nacido en Guinea Ecuatorial hace 20 años, puede dar una idea. Hace dos años entró en España con un visado de estudiante. Lo anuló y solicitó el de residencia y el de trabajo. Se lo han denegado en dos ocasiones. R. es negro, lo que le hace especialmente visible para los policías. 'La última vez que me pararon fue la semana pasada. Les dije que si no tenía papeles era porque ellos no me los habían dado'. ¿Qué hicieron los agentes? ¿Aplicaron la Ley de Extranjería y le expulsaron? 'Me dijeron: procura llevar encima el pasaporte'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de febrero de 2002