La fiscalía reitera la acusación de prevaricación contra la URV

La Fiscalía de Tarragona considera que la sentencia que absolvió al rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Lluís Arola, y al responsable de las pruebas de acceso a la universidad, Joan Igual, de un delito de prevaricación no entró a evaluar suficientemente las pruebas que se aportaron en el juicio. La vista oral del recurso contra la sentencia, que se inició ayer a las 9.30 horas, resultó, como el juicio anterior, maratoniana y se prolongó hasta las tres de la tarde.

El fiscal ocupó más de dos horas y media en su alegato para recordar que la absolución no entró a evaluar las pruebas de la acusación, 'sobre las que no hay un solo comentario', y que la sentencia no refleja el debate ni da idea del fondo del caso juzgado. En éste, el fiscal sostenía que la profesora Albert fue excluida de las pruebas de selectividad por una represalia al denunciar ante el Defensor del Pueblo que a un alumno se le negó un examen en castellano. La acusación particular, defensora de la profesora Josefina Albert (apartada de las pruebas en el curso 1999-2000, para luego ser admitida como idónea en las del año siguiente por el Consejo Interuniversitario), redundó en que los hechos se produjeron por venganza del equipo rectoral frente a la queja presentada ante el Defensor del Pueblo.

Desde la defensa se consideró que la sentencia evaluó las pruebas en su conjunto; que la profesora había acomodado su declaración al día, hora y momento de la selectividad que a ella le convino y que existen testigos que aseguran que su denuncia no se corresponde con reclamación alguna de un alumno. Al juicio asistió el actual presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, cuya asociación ha capitalizado las quejas de Albert.