El Ayuntamiento de Málaga negocia la compra de las acciones privadas del Teatro Cervantes

Las inversiones públicas en bienes culturales no daban para mucho cuando tocaba a su fin el siglo XIX. A falta de erario público, si, por ejemplo, el Teatro de la Libertad de Málaga perecía consumido por las llamas -como ocurrió en 1869-, sólo la alta burguesía podía afrontar la construcción de uno nuevo. Así nació el Teatro Cervantes, del bolsillo de 147 mecenas que se convirtieron en copropietarios. Ahora el Cervantes es de titularidad municipal, pero el ayuntamiento negocia aún con los herederos de algunos accionistas la compra de sus participaciones.

Al ser las únicas con capacidad financiera, familias del renombre de los Heredia, Larios, Gross, Pérez Bryan, Mapelli, Raggio o Cárcer se erigieron en promotores del Teatro Miguel de Cervantes, que fue inaugurado en 1870 y cuya propiedad fue dividida en 147 acciones. Tan suyo era el teatro que uno de estos títulos otorgaba a su poseedor el disfrute a perpetuidad de una butaca de las 2.300 que contenía. Había quien tenía un asiento, otros guardaban ocho acciones por las que disponían de un palco, e incluso algunos no llegaban a poseer una butaca entera, ya que entre los miembros de una familia compraban por partes una misma participación, según consta en la escritura pública.

A pesar de que una fundación municipal se encarga ahora, 131 años después, de la gestión del Cervantes, hasta 24 de esas 147 acciones no pertenecen al ayuntamiento, por lo que o descansan en manos de los herederos de estas estirpes o se perdieron en el camino. Aunque el ayuntamiento es accionista mayoritario del edificio, todavía negocia con particulares para adquirir el 100%.

Pero la realidad es desalentadora: 'El ayuntamiento nunca poseerá la titularidad completa', aseguran en el Área de Urbanismo, ya que sólo seis de esas 24 acciones están en disposición de ser acreditadas y por lo tanto serán susceptibles de ser compradas por Patrimonio Municipal. El resto siguió dos caminos: o arder en el registro de la propiedad durante la Guerra Civil o perderse al no haber sido transmitidas en herencia.

Una de las que sí se encargó de legar su peculiar trozo del Cervantes fue la familia Mapelli, que actualmente negocia con el ayuntamiento la venta de su propiedad. La compensación económica no llega a los cinco millones de pesetas. Para obtener esta cifra, Urbanismo ha aplicado el interés legal de los títulos desde 1983, fecha en la que el consistorio se constituyó como principal dueño del edificio. Fuentes municipales creen que la oferta es más que generosa si se tiene en cuenta que durante más de un siglo el propietario ha accedido gratis a los espectáculos, por lo que 'está suficientemente rentabilizada su inversión inicial'. Pero, de no considerar dicha estimación, el particular puede acudir al Jurado Provincial de la Expropiación.

La carrera por dar a la ciudad lo que antes era de unos pocos ciudadanos comenzó en 1984, cuando el ayuntamiento compró por 127 millones de pesetas el 83,75% de las acciones, que hasta ese momento pertenecía a la financiera ESAR, cuyo apoderado era Eugenio Sánchez-Ramade Villegas, también titular de cines por todo el país. ESAR había comprado previamente numerosos títulos a las familias. El 16,43% restante correspondía a las 24 participaciones mencionadas.

Cuando el consistorio inició la negociación con ESAR, también contactó con algunos de los propietarios a los que invitó a participar, como accionistas, en las inversiones que se iban a realizar. Muchos no aceptaron y prefirieron mantener sus títulos, por lo que el ayuntamiento cree que la naturaleza del bien está alterada, ya que tras las reformas de 1985-1987 el aforo se redujo de 2.300 a 1.214 butacas. De este modo, una acción ya no corresponde a un asiento.

Restauración pública

La adquisición municipal del edificio era condición indispensable para desarrollar una importante restauración del teatro, acometida por el arquitecto José Seguí entre 1985 y 1987. Así, el Cervantes se convirtió en el primer teatro andaluz que se benefició del programa de rehabilitación de teatros históricos de España del Ministerio de Administraciones Públicas.

El coste de la remodelación no superó los 300 millones de pesetas que aportaron las administraciones central, autonómica y local. Además del lavado de cara, el proyecto pretendía revitalizar una zona conflictiva a comienzos de los ochenta después del asesinato de la taquillera del cine Atlántida. El propio Seguí relata la dificultad de unas obras desarrolladas en el entonces centro neurálgico de la droga y marcadas por el continuo robo de materiales. Cuando aún no está cerrada la negociación entre los Mapelli y el ayuntamiento, los aficionados que asistan al Teatro Cervantes se seguirán preguntando, 131 años después, a quién pertenece la butaca en la que cada noche se sientan.