Electores y representantes

Vaya por delante la tesis: la crisis actual del Partido Socialista de Euskadi no es una cuestión interna que debe resolverse entre los afiliados, sin interferencias externas, como reclaman insistentemente sus gestores actuales. Lo sería si el problema que les acucia fuera una lucha fraccional por parcelas de poder, o de índole organizativa, o de liderazgo personal. Pero si no es un problema de esta clase (como ellos afirman y nosotros creemos), se trata entonces de un problema sobre la orientación y práctica política del partido en la situación concreta que todos vivimos. Y tal cosa no es una cuestión meramente interna.

¿Es necesario detallar de qué alternativa política hablamos como base del problema? Ciertamente no. Todos los que nos sentimos de alguna forma pertenecientes al ámbito del progresismo en este país intuímos cuál es la alternativa política que enfrenta a los miembros del PSE. Es más, cuando las fracciones conceptualizan sus ofertas ideológicas descubrimos que lo hacen en términos casi intercambiables, de puro idénticos que son los principios de ambas (salvo el inefable Odón Elorza, que hace unos días fue capaz de ofrecernos como propio de su socialismo vasquista nada menos que el programa de Izquierda Unida). La diferencia no está en las ideas, está en la praxis. La crisis no es de principios ni de conceptos, es de estrategia.

'Lo que debate el PSE no es una 'cuestión interna'; afecta también a quienes le votamos'

¿Y por qué afirmo que un problema de orientación estratégica no es una cuestión interna? Pues porque sobre esa cuestión también tenemos voz nada menos que 253.195 ciudadanos que, sin embargo, parecemos olvidados en la refriega: es decir, quienes votamos al PSE en mayo de 2001. En aquellas elecciones se votó por un programa y una promesa de acción política que ofertaba autónomamente el PSE, y esa oferta vincula al partido con sus votantes. No votamos ese programa y esa política sólo para el caso de que se ganasen las elecciones, como algunos parecen ahora sugerir, sino también para el caso de que se perdiesen. La percepción de derrota interiorizada por algunos socialistas no les autoriza a romper sus promesas y cambiar de política. ¿O es que algunos creían tan poco en lo que ofertaban que han aprovechado esa sensación de derrota para tirarlo por la borda? ¿Qué hubiera pasado, entonces, si llegan a ganar junto al PP?

Una de las paradojas de la democracia representativa liberal es que los electores carecen de medios para obligar a sus representantes a cumplir sus promesas. Bernard Manin ha tratado este tema de manera brillante en un libro ya clásico. La democracia no es el gobierno del pueblo que actúa a través de sus representantes electos, como retóricamente se considera, puesto que el pueblo no puede obligarles a cumplir lo prometido. Imposibilidad que no es casual, sino que responde a un deliberado diseño de nuestras instituciones representativas, que aparece ya en las discusiones previas a la Constitución de los Estados Unidos. Desde el momento en que se excluyeron el mandato imperativo y el principio de revocabilidad de los representantes se eliminaron los dos únicos medios directos que posibilitaban que el elector obligase al elegido a cumplir sus promesas. Así las cosas, este cumplimiento queda, en gran medida, confiado a la voluntad del propio representante (que en nuestros días no es una persona concreta sino el partido político).

¿Cómo puede entonces el elector coaccionar indirectamente a su representante para que cumpla lo prometido? ¿Cómo podemos los votantes socialistas hacer llegar eficazmente al PSE nuestra preocupación ante un posible abandono de lo prometido? Sólo existen dos palancas: la opinión pública y el voto retrospectivo.

Es necesario el debate público de las alternativas del PSE. El partido no puede refugiarse en la cómoda tesis de la 'cuestión interna' para ignorar la opinión del sector de la sociedad que confió en ellos. No debe desautorizar a quienes opinan públicamente tachándoles de 'filósofos moralistas' o de 'víctimas rencorosas' que nada saben de política realista, vía que para su vergüenza inauguraron hace meses algunos comentaristas. Debe acoger en su debate la opinión de esa 'sociedad civil' que en otras ocasiones tanto reclama. Esta es una buena ocasión para demostrar en carne propia en qué consiste la tan cacareada democracia participativa.

Tampoco puede el PSE acogerse al expediente de invocar como decisiva una presunta voluntad general de la sociedad vasca, manifestada en las últimas elecciones, que le obligaría a cambiar de política. No existe una voluntad general de la sociedad (idea holista y peligrosa que puso en circulación Rousseau), sino muchas voluntades parciales de ciudadanos de carne y hueso, voluntades que se agrupan en facciones y partidos. El PSE debe seguir la voluntad de la facción que le apoyó, no la de los sectores que no le confiaron su voto.

La otra palanca que posee el elector es el voto retrospectivo, es decir, el voto del elector que actúa no en función de los programas de futuro que presentan los candidatos, sino del grado de cumplimiento de sus promesas en el pasado. El votante que, en aparente contradicción, mira al pasado en lugar de al futuro. Sólo si el ciudadano castiga inexorablemente en las elecciones a los políticos o partidos incumplidores, podrá conseguir que éstos cumplan sus promesas. Sin embargo, ¿cómo puede operar activamente hoy un voto que se depositará en el futuro? Consiguiendo que el partido afectado lo anticipe. Es decir, que el PSE interiorice hoy el temor de que un incumplimiento de sus promesas puede acarrearle una sanción electoral futura.

Es obvio que hay sectores del PSE que cuentan con que los alineamientos partidistas en Euskalherria están casi petrificados y, gracias a ello, los votantes no se moverán de su corralito por mucho que se incumplan las promesas. Hay mucho de cierto en esta impresión, pero también hay una sensación flotando en muchas mentes: la de que en esta ocasión el PSE se juega su futuro como opción creíble de gobierno, y no sólo en el País Vasco. Haría bien en tenerlo muy en cuenta.

José María Ruiz Soroa es abogado.