Un cambio histórico en Turquía

Turquía llama con fuerza a la puerta de la Unión Europea y eso hace que sus autoridades intenten convencer a los Quince de que este país musulmán, con la inmensa mayoría de su territorio en el continente asiático, potencia al máximo una vocación europea que arranca del proyecto progresista de Mustafá Kemal Atatürk, quien, a partir de los años veinte del siglo pasado, hizo tabla rasa de lo más arcaico de la herencia del imperio otomano, empezando por la estrecha relación (hasta el extremo de la identificación) entre poder religioso y civil.

La reforma del código civil, que entró en vigor el 1 de enero y elimina las últimas barreras a una efectiva igualdad de los dos sexos ante la ley, es el paso más importante desde 1926 para emancipar a la mujer, sometida con frecuencia, por una tradición anclada en una conservadora interpretación del islam, a la voluntad del padre, el marido o los hermanos.

La reforma legal es el paso más importante dado desde 1926 para emancipar a la mujer, sometida tradicionalmente a la autoridad del hombre

Nacionalistas e islamistas socavaron los intentos de que se aplicase de forma inmediata la igualdad de derechos económicos de la mujer en caso de divorcio

No será fácil que la igualdad teórica se plasme en la realidad cotidiana. Turquía tiene una doble alma: tradicional y religiosa, por un lado; modernizadora y laica, por otro, que desgarra con frecuencia un cuerpo de 70 millones de habitantes a la búsqueda de una identidad nacional que no siempre responde a la voluntad política de sus dirigentes.

Ochenta años de régimen civil, de esfuerzos por relegar la religión al ámbito doméstico, por despojar a ésta de un papel determinante en la vida pública y cotidiana, no han bastado para cambiar por completo un entramado de costumbres y tradiciones que, sobre todo en las áreas rurales, tiene a veces más que ver con la Edad Media que con el siglo XXI.

Ciudadanas de segunda

Las mujeres turcas siguen siendo las principales víctimas de una realidad que las convierte con frecuencia en ciudadanas de segunda categoría, con áreas fundamentales de su existencia dependientes de la voluntad de los hombres de la familia, lo que les arrebata toda capacidad real para decidir sobre su destino. Rebelarse contra esta situación incluso puede llegar a acarrear la muerte.

El fenómeno de la urbanización, que en apenas 100 años ha permitido que el 75% de la población se concentre en las grandes ciudades, ha ido cambiando poco a poco la situación. Por ejemplo, en Estambul, la gran ciudad bicontinental de ocho millones de habitantes, el uso del velo islámico es claramente minoritario frente a la vestimenta occidental, resulta relativamente frecuente ver a chicas en minifalda y las relaciones entre los dos sexos no parecen, a simple vista, demasiado diferentes de las de Occidente. Pero en ocasiones, la emigración masiva desde pueblos y aldeas, sobre todo desde el Este, va acompañada de la exportación de un acervo cultural en el que la mujer es propiedad de la familia, o más exactamente, de los hombres de la familia.

El código civil de 1926, con raíces en el suizo, fue progresista para su época, pero necesitaba revisión urgente. Ahora ha sido sometido a 1.030 enmiendas. Hace unos años, con los islamistas en el Gobierno, el cambio habría sido impensable. Con el socialdemócrata Bülent Ecevit de primer ministro, el clima ha sido más propicio.

Pinar Ilkkaracan, líder de Mujeres para los Derechos Humanos de las Mujeres, tal vez la más activa de las organizaciones feministas turcas, cree que se ha logrado algo histórico: 'Acabar con la supremacía del hombre en el matrimonio y establecer la igualdad de hombres y mujeres en la familia'. El hombre deja de ser legalmente el jefe, y la mujer puede trabajar sin autorización del marido y participar en pie de igualdad en todas las cuestiones concernientes a la esfera privada, como el lugar de residencia o el tipo de educación de los hijos. 'Que tales derechos estén consagrados por la ley', afirma Ilkkaracan, 'apoyará a millones de mujeres turcas que luchan por una igualdad efectiva'.

Se eliminan también las diferencias (como las relativas a los derechos de herencia) entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Personas que vivan solas ganan además el derecho a la adopción de niños. La edad mínima para casarse se eleva hasta los 18 años; actualmente es de 17 para los hombres y 15 para las mujeres.

La parte más polémica es la relativa a la propiedad matrimonial. Hasta ahora se aplicaba el régimen de separación de bienes, lo que en la mayoría de los casos suponía en la práctica que a la hora del divorcio la mujer se quedaba sin nada, incluyendo, por supuesto, la vivienda. Una situación de desventaja, agravada por el hecho de que la mayoría de las mujeres no tienen trabajo ni medios de vida propios.

Reparto de bienes

El primer borrador de la reforma establecía hasta cuatro diferentes regímenes económicos matrimoniales. A falta de especificación, se aplicaría el de comunidad de bienes, equivalente al de gananciales español, es decir, el reparto al 50% de los bienes.

Los partidos nacionalistas y religiosos plantearon una oposición radical a este punto y lograron que en el texto final se estipulase que únicamente se aplicará, en el caso de los matrimonios celebrados bajo la vieja ley, para bienes adquiridos después del 1 de enero de 2003. Este sustancial retoque será recurrido ante el Tribunal Constitucional, según Ilkkaracan, que atribuye la histórica reforma, toda una revolución silenciosa, no tanto al interés oficial por eliminar diferencias con Europa como al fruto de 'décadas de esfuerzo del movimiento de las mujeres turcas'. El ministro de Justicia, Hikmet Sami Turk, que ha desempeñado un papel vital para que la nueva legislación pasara por el Parlamento, considera, por su parte, que es el resultado de más de 50 años de duro trabajo.

Ilkkaracan sabe que la reforma no es un punto y final. Por eso, entre sus proyectos figura luchar porque se articule un programa nacional que asegure la igualdad real de sexos, se incluya una cláusula en la Constitución que la garantice y un mecanismo que verifique que se aplique, se aprueben medidas para erradicar la violencia contra las mujeres, se cree una red de centros de acogida de víctimas de la violencia doméstica, se apruebe un presupuesto 'sensible' a esta problemática, se articule una ley especial y un programa global para erradicar los crímenes de honor y se establezcan cuotas para la participación de las mujeres en todos los órganos de decisión y en los partidos políticos.