Francisco y Adrián: 'in memóriam'

Me pregunto si alguien habrá apuntado a Francisco y Adrián, los niños de seis y cuatro años de Murcia, en la lista de víctimas de la violencia familiar que, cada año, cuando se hace pública, nos eriza la piel. Si así fuera, estaríamos ante un caso excepcional, pues no es habitual que víctimas menores de 18 años y mucho menos de sexo -¡perdón!- de género masculino engrosen estas estadísticas oficiales.

¿Dónde están las asociaciones que defienden los derechos humanos? ¿Dónde están las asociaciones provida, que se desgañitan defendiendo notatos, pero no dedican ni un suspiro ante casos de agresiones de padres y madres hacia sus hijos? No los vemos en las calles agitando a la opinión pública contra estos actos de violencia, que se van larvando en forma de maltrato aceptado socialmente no se sabe en nombre de qué patria potestad.

Según Prodeni, 36.000 niños son maltratados anualmente por sus propios padres, mientras esta sociedad permanece en un letargo hipócrita y se niega a sí misma el derecho a defender a los hijos de los demás como a los propios. ¿A qué esperamos para desetiquetar la violencia que se ejerce en el seno familiar?

No es fácil para nadie aceptar que en el núcleo familiar los padres puedan ejercer este grado de violencia contra los hijos. Pero esa negación de la evidencia, en la que la sociedad prefiere vivir, se rinde con hechos tan espectaculares como el de Murcia. Y es entonces cuando reacciona con un caudal de dolor, de vergüenza y de rabia estéril que -en este caso- no devolverá a Francisco y a Adrián al parque de su pueblo para que puedan seguir jugando.

Deseo que a estos niños se les haga justicia, y que a nadie se le ocurra hallar justificaciones a esta atrocidad en base a su mayor o menor nivel de travesura. Tampoco que se busquen achaques relacionados con enajenaciones mentales transitorias de una madre inducida por los efectos de sustancias estupefacientes. Más allá de la autoría material del crimen, estos niños estaban ya sentenciados por una sociedad que les negó sus derechos y por eso, hoy, es cómplice de su desgracia.

Ojalá que los niños empiecen a ser considerados por los legisladores y por los administradores de la Justicia como ciudadanos de primera categoría porque, aunque no voten, de su vida y de cómo la vivan depende el futuro de todos.