Policía

Alguien podría pensar que la derecha ya no es lo que era y considerar llamativo que se le desmadren los índices de orden público. Pero así están las cosas. A la derecha, aquí y ahora, le crece la inseguridad ciudadana entre las manos. Un 25%, 10 puntos por encima de la media española, aumentó la delincuencia en el País Valenciano el año pasado, como ha reconocido la delegada del Gobierno, Carmen Mas. La fiscalía de Alicante ya calcula que en su memoria anual el nivel de delitos en la provincia habrá crecido un 25%, y eso que no se incluyen, debido a la nueva Ley del Menor, los actos delictivos cometidos por jóvenes de 16 a 18 años. Que la situación esté peor en Madrid no disuelve el malestar que bulle en las ciudades valencianas, alimentado por la reiteración incómoda del hurto, el robo, el atraco, el incendio de coches, el tráfico de drogas, la reyerta... No hay más que ver cómo se desdibuja la habitual pose altanera de los dirigentes del PP, y escuchar las excusas fáciles que se amparan en la cultura de la violencia o el peso de la inmigración irregular, para comprobar que tienen un problema y que carecen de imaginación para abordarlo. Desde luego, fallan algunas cosas en la política social de los populares, en la superficialidad con que despachan fenómenos tan ásperos como la pobreza crónica, la marginación de largo alcance, la exclusión y la miseria. Lo revela con crudeza la sintomatología del delito. Pero también existe, a decir de los especialistas, una dejadez en la acción del Estado, en la dotación y la modernización de medios, en el ajuste de las fuerzas policiales... y tal vez en su modelo. Además del Bloc Nacionalista, que pidió su despliegue en núcleos urbanos de más de 5.000 habitantes, los socialistas lanzaron el pasado miércoles una apuesta por un desarrollo de la Policía Autonómica que supere la unidad adscrita de la Policía Nacional en que consiste y las limitadas competencias de que está dotada. Símbolo de poder en el Estado compuesto y asimétrico que es España, la Policía Autonómica valenciana, como la gallega, tiene un aire testimonial que, a lo mejor, debería perder para que la Generalitat se jugase su crédito ante los ciudadanos también en relación con lo que ocurre cada día en las calles.