Jueces, fiscales y gestores de ONG demandan un régimen disciplinario para los centros de menores

La Fundación Diagrama, investigada por un juez por supuesto trato denigratorio a varias internas del centro de menores de San Miguel, en Granada, gestiona por encargo de la Junta de Andalucía otros seis de los siete establecimientos de régimen cerrado de la comunidad. Diagrama se ocupó de ellos tras comprobar que otras asociaciones no tenían interés. La falta de un reglamento que desarrolle la Ley del Menor y establezca el régimen disciplinario constituye, para jueces, fiscales y Administración, un vacío legal que deja indefensos a los gestores de reformatorios.

Diagrama gestiona el centro Zahara, en Córdoba; San Miguel, en Granada; La Lagunilla, en Jaén, y los sevillanos de La Jara, Los Alcores y El Limonar, todos ellos de carácter cerrado o, simultáneamente, semiabierto. El único centro para menores muy conflictivos que no gestiona es el de Jesús Redentor, de Almería, que corresponde a la asociación Meridiano.

El mapa de reformatorios se completa con el Bahía de Cádiz, que gestiona Afanas, y el de San Francisco de Asís, de Málaga. Éste es el único que la Consejería de Asuntos Sociales lleva directamente con su propio personal.

El caso de San Miguel ha sacado a la luz la indefensión en que se encuentran los gestores de establecimientos juveniles, pero también los propios internos, al no existir un régimen disciplinario que marque claramente los límites en la represión de los menores violentos. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, consideró 'fundamental' que haya 'unas reglas de juego' que permitan saber a qué atenerse en caso de un motín. 'Es necesario que se sepa cuáles son las medidas de contención que se pueden aplicar', agregó.

De una opinión semejante es el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón. 'Hay una enorme carencia normativa. La decisión de los fiscales de Menores de trasladar al juez el caso de San Miguel servirá al menos para perfilar un cuerpo de antecedentes ante el vacío legal', dijo.

Juan Francisco de Dios, responsable territorial de la Fundación Diagrama, precisa también que 'si todo lo relativo al trato con los internos estuviera reglamentado sabríamos qué hacer'. 'El reglamento', añade, 'es un instrumento de protección de nuestro personal. ¿Quién debe desarrollar el reglamento? Desde luego, nosotros no'.

La trayectoria de Diagrama ha sido intachable, según confirmaron medios judiciales. Gracias a que se hizo cargo de seis de los siete centros cerrados de la comunidad se han podido sacar adelante algunos preceptos de la Ley del Menor.

El único lunar en la gestión de la fundación se remonta marzo de 2001, cuando la Comunidad de Madrid cerró tres centros. Un joven de 14 años acusó a los cuidadores de uno de ellos de desnudarlos cuando se portaban mal y colocarles esposas. El menor dijo que los rectores del centro consideraban muy grave intercambiar cigarrillos. 'Son centros de tortura', dijo el muchacho al juez.

Problemáticos

'En Madrid, los centros clausurados eran de protección y todavía estábamos más al descubierto. Había que tratar con jóvenes delincuentes pero sin expedientes de reforma o muy problemáticos', señala Juan Francisco de Dios.

El asalto y fuga el pasado noviembre de 18 menores de un centro de Sevilla ya puso sobre el tapete la dificultad que entraña la aplicación de una Ley del Menor no reglamentada. Dos muchachos armados con una pistola y una escopeta de caza, encañonaron al vigilante de seguridad y pusieron en libertad a los reclusos.