Exceso de celo

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abrió anteayer la vista oral contra 37 procesados en el sumario de la Operación Temple (la introducción en España de diez toneladas de cocaína) con un destacado ausente, Carlos Ruiz Santamaría, que se dio a la fuga el 26 de diciembre tras haber sido excarcelado precisamente por los tres magistrados encargados de juzgarle. Por lo demás, la huida del presunto narcotraficante puede ser causa indirecta de la anulación de la vista oral en curso. Si la querella interpuesta por el ministerio público a instancias del fiscal general contra los miembros de de la Sección Cuarta, acusados de haber cometido un delito de prevaricación al poner en libertad a Ruiz Santamaría, fuese admitida a trámite por el Supremo se abrirían dos vías para la suspensión cautelar de los tres magistrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): de forma prácticamente inmediata, caso de aplicarse el procedimiento abreviado, o cuando fuese dictado el auto de procesamiento, si se optase por el procedimiento ordinario. Ante tal riesgo, algunos abogados pidieron la suspensión de la vista oral; sin embargo, el tribunal y la fiscalía consideraron que no existían razones legales para hacerlo: ni los magistrados se habían abstenido, ni las partes habían solicitado su recusación, ni existía justificación procesal para el aplazamiento.

La excarcelación y fuga del presunto narcotraficante provocó una oleada de indignación en la opinión pública y gran perplejidad en el foro. Los escándalos político-financieros bajo el mandato socialista y durante el Gobierno del PP disuaden de poner la mano sobre el fuego para avalar a cualquier denunciado y dan patente de corso incluso a rumores disparatados: al parecer, un escarmentado ciudadano escuchó sin mover una ceja la noticia del inminente encierro del cardenal-primado con seis toros en Las Ventas y se limitó a preguntar cautelosamente por el nombre del ganadero. La opinión pública tiene barra libre, así pues, para hacer sus conjeturas sobre las razones que llevaron a los tres jueces a excarcelar a un presunto jefe del narcotráfico, un negocio que hace correr el dinero a raudales.

Sin embargo, las obligaciones constitucionales de su cargo le impiden al fiscal general participar en la subasta al alza de las acusaciones contra los jueces que se suelen escuchar en las tertulias, los transportes públicos y los bares. A diferencia de otras ocasiones, Jesús Cardenal aceptó con presteza la invitación a querellarse contra los tres magistrados de la Audiencia Nacional cursada por el recién elegido CGPJ, que inició a su vez diligencias informativas para un eventual expediente disciplinario. De común acuerdo con su jefe, el teniente fiscal del Supremo, José María Luzón, eligió el tipo penal mas severo: la prevaricación dolosa (dictar una sentencia o resolución injusta a sabiendas) en lugar de la prevaricación culposa (dictar una sentencia o resolución manifiestamente injusta por imprudencia grave o por ignorancia inexcusable). Pero también la opinión pública tiene barra libre para buscar explicaciones a otro enigma: los fiscales Cardenal y Luzón, lanzados a toda máquina contra los magistrados de la Sección Cuarta, combatieron hasta el último suspiro para salvar al ex juez Javier Gómez de Liaño de ser condenado por el Supremo con el argumento de que la prevaricación es un delito de imposible prueba.

Durante el franquismo se contaba de buena fuente la historia de un director general que recibió la intempestiva llamada telefónica de su ministro mientras sesteaba en mangas de camisa repantigado en el sillón: el respetuoso subordinado se puso de pie en un brinco y pidió unos segundos a su invisible superior para ponerse la chaqueta y la corbata antes de dar ciego cumplimiento a las eventuales órdenes. No resulta necesario, sin embargo, recurrir a esa hipótesis para explicar el exceso de celo desplegado por Cardenal y Luzón contra los tres magistrados: la sintonía del fiscal general y del fiscal del Supremo con el Gobierno no necesita la llamada de Aznar o de su ministro de Justicia para empapelar por su cuenta y riesgo a la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional (debido a su presunta benevolencia con el entorno de ETA y con los acusados de narcotráfico) o para echarle un capote al ministro Piqué en el caso Ercros.