36 comparecencias previstas y una ausencia destacada
De los 37 acusados del delito de narcotráfico relacionados con la Operación Temple, iniciada gracias a una delación oportuna y finalizada con éxito tras se abordado en alta mar un buque que cargaba más de seis toneladas de cocaína, sólo faltará uno, Carlos el Negro, al juicio que se inicia hoy. Y eso pese a las dudas expresadas por algunos medios respecto a la comparecencia de Virginia de los Ríos Sanmillán, Andrea, procesada por este caso. El pasado viernes se presentó en la Audiencia Nacional para cumplimentar los requisitos que le fueron impuestos al acordar su libertad condicional. No se había fugado, ni estaba en paradero desconocido.
La mujer era la señora de la limpieza de Juan Riaño Cruz, Frank, contable del grupo de narcotraficantes, con el que convivía. Pero tenía una letra muy clara y, según su testimonio, Riaño la comprometió para que hiciera las anotaciones del grupo. Además alquiló pisos con su nombre de guerra, Andrea, por encargo de Riaño y para facilitar las labores de la organización. De la organización no sabía nada, y no tiene relación con nadie que no sea el propio Riaño. Cuando fue detenida llevaba dos años y medio en España y acababa de traer a su hijo, menor de edad, para vivir con ella. Como la metieron en la cárcel, el niño quedó sometido a un régimen de acogida.
Tras dos años de prisión preventiva y con la sospecha de que era una peligrosa narcotraficante, Virginia de los Ríos vio cómo el 6 de julio de 2001 los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero prorrogaban su prisión hasta el 8 de julio de 2003.
Curiosamente, dos días antes había formulado petición de libertad, pero no se dio traslado de la misma al fiscal hasta el 15 de octubre de 2001.
La fiscal Dolores Delgado, que conocía las circunstancias de su caso, no se opuso a la libertad, pero siempre que depositase una fianza de cinco millones de pesetas y compareciera diariamente en el juzgado.
La postura de la fiscal, al ser la única que acusa a Virginia de los Ríos, era vinculante para el tribunal, que acordó la libertad bajo fianza de 5 millones, con comparecencias semanales.
Pero la mujer no tenía dinero y no pudo reunir la fianza, así que el 26 de noviembre pidió una rebaja en la cantidad a afianzar. La fiscalía se opuso, y el tribunal rechazó la petición.
Ya el 8 de diciembre, interpuso recurso de súplica y alegó que no había podido reunir más que un millón de pesetas. La fiscal, siguiendo la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que establece la imposición de fianzas acordes con el patrimonio del acusado, accedió a la rebaja y el 18 de diciembre, la Sala, de nuevo obligada por la postura de la fiscal, estimó el recurso y fijó la fianza en un millón de pesetas.
Sin embargo, la mujer carecía de liquidez y tuvo que esperar unos días más, hasta el 28 de diciembre, para constituir la fianza y poder salir en libertad.
