El aeropuerto de El Prat deberá insonorizar las viviendas cercanas

El aeropuerto de El Prat ya puede licitar las obras de su ampliación, que incluyen la construcción de la tercera pista, una nueva terminal y las estaciones de tren convencional, alta velocidad y metro. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó ayer la declaración de impacto ambiental que da vía libre a esta ampliación, pero impone severas obligaciones al promotor de la obra, que es el organismo público Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA).

La ampliación exigirá que AENA tome medidas para evitar la contaminación acústica. Entre otras, la insonorización de diversas viviendas. Durante los dos primeros años se insonorizarán las viviendas afectadas por el ruido que provoque la nueva pista y en los dos años y medio siguiente se seguirá insonorizando otras viviendas que puedan resultar afectadas por otros sonidos. Además, se realizará un plan de despegues y aterrizajes que minimice el ruido.

Además de las medidas contra la contaminación acústica, AENA deberá tomar otras para proteger la fauna y la flora de la zona. Entre ellas se encuentran la creación de un corredor biológico entre las lagunas de La Ricarda y El Remolar; la ampliación del corredor litoral, lo que exige la adquisición de la pineda del camping Toro Bravo; elaborar un programa de recogida y conservación de especies protegidas, tanto animales como vegetales; crear nuevas zonas húmedas y construir un centro de reproducción en cautividad de especies protegidas.

La declaración de impacto ambiental impone también la conservación de algunos bienes del patrimonio cultural. AENA deberá recuperar los elementos de interés arquitectónicos de algunos edificios situados en la zona. El primero, la Granja de la Ricarda; el segundo, la Granja de Can Camins. También deberá recuperar los restos de un avión Messerchmit y encargar un seguimiento de las obras que detecte cualquier tipo de valor arqueológico que pudiera hallarse en el subsuelo.

El Ministerio ha dado a las diversas administraciones implicadas (gobiernos central y autonómico y municipios) dos meses para constituir una comisión de seguimiento de estas medidas.