Críticas al juez por archivar la denuncia contra la polícía sin ver las pruebas

Los abogados de las entidades que se querellaron contra la policía y la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, aseguraron ayer que el juez que ordenó el pasado lunes archivar las diligencias, Emili Vila, 'ha tomado una decisión precipitada' porque no ha investigado previamente lo sucedido en la manifestación antiglobalización del pasado 24 de junio en Barcelona.

'Como mínimo, para salvar la estética, el juez debería haber practicado otras pruebas objetivas y no limitarse a interrogar sólo a los presuntos culpables , que declararon como imputados sin la obligación de responder ni de decir la verdad', señaló ayer Àlex Solà, uno de los abogados que redactarán el recurso contra el auto de archivo de la querella. Solà cree que, desde el punto de vista meramente técnico, la falta de las pruebas solicitadas por la parte querellante (el estudio de material gráfico y la declaración de un centenar de testigos) 'ya vicia de nulidad procesal' el auto del juez Emili Vila.

En su recurso, los abogados argumentarán también que de las declaraciones efectuadas por los dos mandos policiales ante el juez se desprenden elementos suficientes para sostener que se produjo el delito, 'con tentativa, dolo directo o eventual, o incluso por imprudencia', de impedimento del libre ejercicio de los derechos fundamentales.

Al margen del recurso ante la Audiencia, las entidades querellantes pueden recurrir a otras vías. El abogado Jaume Asens citó, entre otras, la vía administrativa. 'Podemos exigir responsabilidades en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el mal funcionamiento de la Administración pública en este caso', dijo Asens.

Iñaki García, miembro de la comisión legal de la Campaña contra el Banco Mundial, tampoco descartó las vías políticas o de sensibilización para forzar la investigación de lo sucedido en la manifestación. García consideró que el juez ha 'discriminado' a la sociedad civil, puesto que ha 'valorado más la opinión de un funcionario que la de cerca de un centenar de entidades'.