La policía urbanística detectó 120 infracciones en la Costa del Sol

La policía urbanística ha realizado durante su primer año de funcionamiento en la Costa del Sol un total de 172 inspecciones, en 120 de las cuales detectó alguna irregularidad y requirió a los ayuntamientos correspondientes el restablecimiento de la legalidad urbanística. El delegado de Obras Públicas en Málaga, Enrique Salvo, lamentó que el alto índice de ilegalidad urbanística registrado en Marbella acaparase la labor de los cinco técnicos adscritos a la unidad.

En Marbella, donde gobierna el partido de Jesús Gil, se han abierto 81 expedientes por infracciones en las 105 comprobaciones realizadas. Los datos, según Enrique Salvo, permiten dar réplica a quienes se quejan de la pasividad de la Consejería de Obras Públicas en algunos desmanes urbanísticos que se vienen cometiendo en la Costa del Sol.

Salvo asegura que hay una intervención 'inmediata y eficaz', y que lo que persigue la policía urbanística, que carece de capacidad sancionadora, es el cumplimiento del ordenamiento. 'Nuestra acción se limita al control de la legalidad', matiza el delegado.

El programa Policía Urbanística del Litoral fue creado por la Consejería de Obras Públicas en enero de 2001 con el objetivo de 'restablecer el sentido urbanístico' perdido en ciertas zonas de la costa malagueña debido a la intensa actividad constructiva registrada sin un criterio equilibrado de desarrollo.

Las inspecciones realizadas persiguen comprobar si hay invasión u ocupación de suelo público, la posible existencia de edificaciones fuera de ordenanza o en suelo cuyo planeamiento no se ha tramitado o si se registra un aumento injustificado de alturas y volúmenes.

El problema es que una vez detectadas las irregularidades, la Administración autonómica tiene muy limitada su capacidad de intervención. La Consejería sólo puede comunicar al Ayuntamiento en cuestión la irregularidad para que éste tome las medidas oportunas. Salvo destaca que el propósito del programa es cooperar con los municipios y destaca que, salvo en el caso de Marbella, suele haber buena colaboración, si bien admite que en algunos casos las autoridades municipales no actúan y han debido ser requeridas de nuevo.

Si los incumplimientos no se corrigen, la Consejería acude entonces a la vía contencioso administrativa o incluso a la vía penal, aunque ésta sólo para aquellos casos en que las infracciones puedan quedar tipificadas como delito urbanístico o ecológico, que, según reconoce Salvo, son minoritarios. Obras Públicas sí puede tomar otro tipo de medidas administrativas pero con fuerte contenido político, como la retirada de las competencias urbanísticas delegadas a los ayuntamientos.

Más actuaciones

La Consejería está pendiente de conocer varios informes técnicos para decidir qué hace en el caso de Benalmádena, la segunda ciudad donde la policía urbanística ha detectado este año más irregularidades, 11, a una gran distancia con todo de Marbella. Además de estas dos ciudades, las infracciones detectadas se localizan en Cártama y Mijas (5), Fuengirola y Coín (4), Manilva (3), Málaga (2) y Estepona, Macharaviaya, Rincón de la Victoria, Vélez Málaga y Cómpeta (1). La Consejería tiene el propósito de intensificar la labor inspectora en el futuro en municipios situados en una segunda línea de costa que empiezan a sufrir también una importante tensión urbanística y que además carecen de medios propios porque suelen ser ayuntamientos pequeños, sin planes completos de ordenamiento y con una capacidad inspectora prácticamente nula.