Interior sólo ha resuelto el 40% de las peticiones de regularización por arraigo

Únicamente un 40% de los 2.330 inmigrantes que se acogieron en el País Vasco a la convocatoria extraordinaria de junio pasado para regularizar su situación habían obtenido respuesta a finales de diciembre. El Ministerio de Interior se comprometió a que el proceso estuviera resuelto antes de comenzar este año. El retraso en la concesión de permisos de trabajo y de residencia ha generado situaciones dramáticas entre los inmigrantes, por lo que Omer Oke, director vasco de Inmigración, mantendrá próximamente reuniones con los organismos oficiales implicados.

Los expedientes se amontonan. A las solicitudes ordinarias anuales de permiso de residencia y de trabajo se suman las correspondientes al proceso gubernamental extraordinario por arraigo, que afecta a los sin papeles que pueden acreditar que vivían en España antes del 23 de enero de 2000 y que no están incursos en causas de expulsión. El número de peticiones en Euskadi por arraigo fue de 2.330, de las que 887 corresponden a Vizcaya, 703 a Guipúzcoa y 750 a Álava, según datos proporcionados por las subdelegaciones del Gobierno central en el País Vasco. Aunque la cifra es inferior a la de otras comunidades, la realidad es que, entre la convocatoria ordinaria y la excepcional, en 2000 se tramitaron más de 10.000 expedientes sólo en Vizcaya. En Guipúzcoa fueron 1.942 durante todo el año y en Álava, en torno a los mil, ya que en este caso no se han facilitado datos concretos.'Las últimas semanas se han resuelto entre 80 y 90 expedientes diarios entre los ordinarios y los de arraigo. Entre noviembre y diciembres se dio salida a unos 3.000', argumenta un portavoz de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya. Este organismo sostiene que cuando se concluya el recuento correspondiente a 2001 se habrán resuelto cerca de 4.000 expedientes de extranjería más que el año anterior. Ese año, fueron contestadas 6.035 peticiones. En Vizcaya, hasta el 20 de diciembre, última fecha contabilizada, se habían resuelto 348; en Álava, 457 peticiones a mediados del mes pasado, y en Guipúzcoa, 50. El retraso parece que continuará y no será hasta dentro de varios meses cuando se pueda cerrar el proceso, según informaron fuentes oficiales.

Nombres tras el expediente

Detrás de los expedientes y las cifras se encuentran personas que esperan documentos que les sirvan para empezar a normalizar su vida. Cada solicitud tiene un número. El de Nicolae Jarca es el 4024. Nació en Rumanía hace 34 años. Perdió la vista a los 17 por una enfermedad hereditaria. Además, padece afecciones que le obligan a tomar 40 calmantes diarios. Está casado con Daniela Huculeci. Tiene una hija ciega de poco más de cuatro años en Bucarest, a la que no ve desde que abandonó su país en 1999. El hijo de su mujer tenía 17 años cuando viajó con la familia a España ese mismo año. Poco después el joven abandonó el hogar por miedo a ser expulsado por carecer de papeles y desde entonces desconocen su paradero.

Los padres de Nicolae Jarca viven en Rumanía y también son invidentes. La madre se está muriendo y él quiere viajar a Bucarest. Sin embargo, no puede hacerlo porque carece de garantías de que le permitan la entrada a su regreso a territorio español.

Nicolae cuenta detalles como si tratara de convencer con argumentos de su derecho a que su situación sea regularizada. Recuerda de memoria las fechas en que tanto él como su mujer han solicitado el permiso de residencia y trabajo, y todas en las que se los han denegado. Y manifiesta su incompresión de que a que a él no le otorguen el permiso en dos años y que otros inmigrantes en condiciones similares lo hayan conseguido en seis meses. La última vez que entregó una solicitud fue el pasado 11 de junio y fue para acogerse a la convocatoria de arraigo. Todavía no le han respondido. 'Nunca va a llegar mi expediente', dice.

Javier Galparsoro, presidente en Vizcaya de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), no disimula su indignación por la situación que ha generado el retraso. 'Las limitaciones de medios que aducen para justificar la dilación no puede ser motivo para aceptarla. Se necesitan con urgencia medidas administrativas más ágiles, y hay que denunciar el exacerbado rigorismo reglamentarista. Estamos muy preocupados. Algo no va bien cuando la ley dice que los expedientes [en general] deben estar resueltos en tres meses y frecuentemente no lo están en más de un año'.

Galparsoro relata el caso de una colombiana que, harta de esperar inútilmente el expediente que le permitiría trabajar en el País Vasco, regresó a su país el 6 de noviembre. Posteriormente le llegó la concesión del permiso, pero ella no estaba para recibirla. CEAR trata de localizarla.

Un funcionario civil de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao que trabaja en la Unidad de Extranjería comparte las críticas al proceso. 'Es vergonzoso cómo esperan en las colas mujeres embarazadas y con niños, y que no haya una sala de espera cuando acuden a solicitar el permiso. Y luego, está el retraso en la resolución. Pero, nosotros no tenemos la culpa. Agilizamos todo lo que podemos'. Los trámites policiales en el caso de arraigo no superan una semana porque suele ser rutinario. La dilación, dice, 'viene muchas veces porque el expediente va de aquí para allá y es en algunos organismos, como en la delegación de Trabajo, donde se ralentiza mucho el proceso. Hay que buscar soluciones'.