El tercer puente sobre el Francolí costará 4,7 millones de euros

El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas ha evaluado en 4,7 millones de euros (782 millones de pesetas) la construcción del tercer puente sobre el río Francolí, una infraestructura ampliamente demandada por la ciudad de Tarragona.

La nueva infraestructura, cuya construcción está previsto que se inicie durante el segundo trimestre de este año, supondrá la urbanización de la zona de poniente del río Francolí con la ubicación, además, de la denominada ciudad judicial. Está previsto que se instalen en este complejo los juzgados, pero se considera también la posibilidad de trasladar al centro la actual Audiencia Provincial.

El trazado del nuevo puente, que se construirá en un periodo de siete meses, según explicaron ayer la teniente de alcalde de Urbanismo, Maria Lluïsa Expósito, y el director general de Carreteras, Jordi Fullia, supondrá la conexión de la calle de Joan Miró (que desemboca en el hospital Joan XXIII, una zona natural de ampliación de la ciudad) con la N-420, que une Reus y Tarragona, y con la T-721 hacia Constantí, y mejorará la accesibilidad a la ciudad.

El puente tendrá 147 metros de longitud, con dos carriles de circulación en cada sentido de la marcha. Las conexiones con las dos carreteras se realizarán mediante una gran rotonda de enlace que, además, permitirá desviar el tráfico hacia el vial de acceso a la avenida de Roma (uno de los accesos principales al centro de la ciudad).

También esta prevista la ejecución de otras dos rotondas más y la apertura de una calle. En el proyecto del puente se han tenido en cuenta los estudios de la Agencia Catalana del Agua (ACA) sobre los condicionantes hidráulicos, con el objetivo de impedir la eventual inundación de la gran rotonda prevista en el lugar en el caso de avenidas.

Rotonda provisional

Durante la construcción de la obra, se ha previsto la conexión con la carretera T-721 mediante una rotonda provisional.

El alcalde de la ciudad, Joan Miquel Nadal (CiU), adelantó que será en esta zona donde se construirá la futura ciudad judicial de Tarragona. La elección de estos terrenos supondría desbloquear el conflicto existente entre el Ayuntamiento de la ciudad y el Departamento de Justicia, que tiene prevista una inversión de 9,5 millones de euros (más de 1.600 millones de pesetas) en un espacio de 14.000 metros cuadrados.

El Plan General de Ordenación Urbanística, que se presentará próximamente, ya ha previsto la adecuación de la nueva infraestructura en la zona. En un principio se habían barajado para el nuevo palacio de justicia unos terrenos situados en las cercanías de la prisión, tras las viviendas conocidas como las Casas de los Maestros. La dificultad en el traslado de los vecinos para proceder al derribo de las casas habría retrasado notablemente la ejecución del proyecto.