Irritación

El sobreseimiento de las diligencias abiertas con motivo del robo de determinados sumarios de los juzgados de Marbella, en los que aparecía implicado Jesús Gil, ha dado lugar a una serie de manifestaciones que ponen en entredicho el Estado de Derecho por razones nada claras. 'La instrumentalización de la Justicia por el PP' o 'el escaso interés de la Fiscalía General del Estado, que no ha ordenado a la Fiscalía Anticorrupción que intervenga', entre otras, pueden llevar a esa lectura. Sin embargo, como no existe constancia de su realidad, no parece que deban tomarse en su literalidad. Hay que buscarles otro sentido. Tal vez este sentido sea el de que muestran una profunda irritación por el archivo de una causa que se consideraba fundamental para conocer judicialmente si existía, o no, la corrupción tantas veces denunciadas.

Desde este punto de vista, resultan comprensibles. Reflejan impotencia. Son la constatación, una vez más, de que los delitos complejos, los delitos económicos y en los que pueda existir un cierto entramado, con múltiples implicaciones, quedan en la mayoría de las ocasiones impunes. Además, en este caso, la irritación está más que justificada. No hay que olvidar que desde que acontecieron estos robos las declaraciones de las personas encargadas de dar solución han sido esperanzadoras. Atrás queda la visita del pasado verano de dos vocales de CGPJ y sus declaraciones, como también que, en un tiempo breve, se conocería al autor, o autores, que indujeron a estos robos. Ahora, de golpe, nada. Archivo. Y lo peor es que se quiere responsabilizar de este fracaso al agente judicial que falleció. Con su muerte termina la investigación. Mañana dios dirá.

Sin duda, mañana dios dirá. Pero, hoy, es para pensar que la Justicia, cuando se aparta del tradicional robo 'del tirón', no es muy eficaz. Y no es razonable que sea así. Una justicia que cuenta con jueces y fiscales técnicos, con policía judicial y con toda clase de medios auxiliares, no debería descargar su fracaso en otro. En la muerte de una persona, que falleció durante su custodia por una policía judicial que no supo impedirla y que, ahora, tampoco ha sabido ayudar a completar una investigación. Es normal la irritación.