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LA CRÓNICA
Columna
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Pagamos o nos apagan

Me parece recordar que fue Fernández del Río, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana a la sazón -aunque tanto da que fuese otro poncio-, quien a propósito de las inundaciones y pantanada de Tous, en Octubre de 1982, declaró que los daños causados se debían a las intensas lluvias de aquellos días. Nada más cierto, al tiempo que exculpatorio de cualquier negligencia administrativa o política, como después se constató. Pero la verdad es que, de no haber llovido mares, nada hubiese dañado a las gentes y a sus patrimonios. Los meteoros tienen las espaldas muy anchas y cargan sin escándalo con los yerros y codicias humanas.

Esta semana, y debido a una ola de frío siberiano, se han producido cortes de fluido eléctrico en varias comunidades autonómicas y, especialmente, en el País Valenciano. Vecindarios e industrias han sido dejadas súbitamente a oscuras, con las inevitables consecuencias, que van desde la incomodidad al drama y, por supuesto, con notables costes económicos por averías en el utillaje y planes de producción. El espectáculo, que por estas latitudes se repite tanto con frío como con calor, ya es familiar al lector y no requiere que carguemos las tintas. Pero de nuevo, la culpa del caos se le ha endosado 'a las circunstancias meteorológicas', al decir del presidente Eduardo Zaplana, e incluso a unos chocantes 'problemas de interconexión', según la vicepresidenta de la Comisión Europea de Energía, Loyola de Palacio.

Todo, menos señalar con el dedo y sin ambigüedades a la empresa suministradora, Iberdrola, culpable principal -que no única- de los apagones. Pues es evidente, y anunciado lo tenía, que podían acaecer debido tanto a la insuficiencia de las infraestructuras eléctricas como al notable crecimiento del consumo valenciano de energía, situado en un 2% por encima de la media nacional. Resulta obvio que esta previsión obligaba a efectuar en tiempo y forma las inversiones oportunas y programadas, que no se han realizado. Esa y no otra es la madre del cordero que cualquier ciudadano percibe. Con lo cual, esta empresa -que funciona en régimen real de oligopolio-, nos tiene cogidos por los chilindrines, cual si fuese émula del Sepla de pilotos.

No vamos a subrayar aquí el poder que desde antiguo gozan estas compañías en el entramado estatal y cómo han condicionado y condicionan la misma acción del Gobierno. En estos momentos, y quizá también en otros anteriores, negocian con la Generalitat valenciana y prometen ejecutar sus planes de inversión. Algo que nos cuesta creer si tenemos en cuenta que el famoso y decisivo trazado Vilanova-Gandia lleva una demora de diez años y no hay visos de que le vayan a meter mano. Después de tan largo incumplimiento no puede tomarse en serio que los culpables del mismo sean las corporaciones locales. Simples excusas de mal pagador. O, más llanamente dicho, se trata de una forma de presión añadida, a la par con los apagones, para defender el aumento de las tarifas que las compañías -voraces e insaciables- demandan para proceder a su modernización. A su entender, pagamos o nos apagan. Hasta ese punto puede llegar, y de hecho llega, su impunidad y desahogo.

Frente a la situación caótica creada y reiterada, ¿ha procedido el Ejecutivo valenciano con la resolución deseable? ¿Se ha sentido desbordado por el problema y ha preferido ampararse en la fatalidad de los meteoros? ¿Opta por la negociación discreta y tenaz para alcanzar los objetivos que, probablemente, piensa no poder conseguir por medios coercitivos? Resumida en pocas palabras, la respuesta a todas esas cuestiones vendría a ser que la Administración autonómica está bailando al son que le tocan las eléctricas, y poco o nada nos consuela que lo mismo o parecido ocurra en otras comunidades.

Que se renueven las promesas inversoras, se apele con temeraria anticipación a la producción eólica o a los planes previstos no nos exime de repetir la jugada -digo de los cortes de suministro- a poco que bajen o suban las temperaturas, con la grave hipoteca que ello representa para nuestro crecimiento industrial. Ya va siendo hora de plantarles cara. En pocas otras causas tendrá el Gobierno tan unánime y justo apoyo social.

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BURLAN LA JUSTICIA

Los dirigentes de la Comunidad de Pescadores de El Palmar parece que se han obstinado en acabar en el trullo, dado lo remisos que se muestran a acatar y ejecutar en sus términos el fallo judicial que les obliga a admitir a las mujeres reclamantes y poner al día los fueros y privilegios comunitarios. En estos instantes, su resistencia, más que el valor numantino, sugiere la sinuosidad del rábula empeñado en prolongar un conflicto que debería haberse cerrado tras la última resolución, recuperando así la convivencia peligrosamente herida en esa pedanía. Tan reiterada desobediencia linda ya con el desacato o en lo que más se asemeja a una burla a la Justicia. Que el juzgador, pues, diga su última palabra y acábese con tan penosa cerrazón.

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