Adiós a la colegiación obligatoria de los funcionarios

El PSOE ha presentado una enmienda al proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Junta para eximir de la colegiación obligatoria a los profesionales titulados que ejerzan al servicio de la Administración Pública. En la práctica, esta enmienda afecta casi en exclusiva a los médicos y demás profesionales sanitarios porque el resto de funcionarios titulados hace ya tiempo que tenemos reconocido -a veces a golpe de sentencia constitucional- el derecho a elegir entre colegiarnos o no. Cuentan los periódicos que esta enmienda ha molestado profundamente a los presidentes de los Consejos Andaluces Sanitarios pues ni siquiera se les ha consultado previamente y se han enterado de su existencia 'por la prensa'. Como no están dispuestos a que la 'Administración les avasalle' y disponen ya de informes jurídicos que demuestran que se trata de un 'absurdo jurídico sin precedentes', han acordado un buen número de acciones en su contra, incluida la inevitable apelación al Defensor del Pueblo, si bien se han ofrecido al presidente de la Junta para buscar una fórmula de consenso, siempre y cuando 'se retire la enmienda'. El presidente les ha remitido al consejero de Sanidad para que busquen un punto de encuentro que -esto ya lo digo yo por mi cuenta y riesgo- si es el mismo que se ha alcanzado en Galicia con el PP, podemos dar por desaparecida la enmienda socialista o, mucho peor, considerar que va a ser la Junta (o sea, el contribuyente) quien va a pagar las cuotas colegiales.

Mientras esperamos tranquilamente a que se resuelva fuera del Parlamento este asunto legislativo, podemos preguntarnos si es cierto que la colegiación voluntaria de los funcionarios de la sanidad es un 'absurdo jurídico'. Quizás porque para los responsables colegiales sea una verdad evidente por sí misma, lo cierto es que no he podido encontrar entre su numerosas declaraciones ninguna razón jurídica o técnica que lo avale. Por mi parte, tiendo a pensar que lo absurdo es más bien lo contrario, que se les obligue a colegiarse para trabajar como funcionarios. Primero porque crea una diferencia incomprensible entre funcionarios (aunque el TC la ha reputado constitucional en su STC 131/1989): por poner un sencillo ejemplo, ¿tiene lógica, que un médico del SAS tenga que estar colegiado mientras que el abogado del mismo SAS al que le corresponde defenderlo judicialmente no? En segundo lugar, la actuación de los colegios profesionales tiene su campo natural en el ejercicio libre de la profesión, cuando por su cuenta y riesgo el médico de nuestro ejemplo abre una consulta, pero cuando trabaja a las órdenes del SAS es éste el que regula y garantiza las relaciones entre médicos y pacientes, sin que el colegio tenga atribuido ningún papel en esa relación.

Así las cosas, la única razón de peso que se me ocurre para seguir manteniendo la colegiación obligatoria de los funcionarios sanitarios es la de impedir que sus colegios -y los presidentes de sus colegios- pierdan capacidad de influencia social y política al bajar espectacularmente el número de sus miembros. Pero esto es algo que ellos mismos descartan porque dicen que no temen a la colegiación voluntaria ya que 'tenemos servicios suficientes como para tener colegiados'. Entonces, si ni la calidad de la medicina pública, ni los derechos de los sanitarios ni de los pacientes ni ningún otro fin relevante se pone en peligro al admitir la libertad de colegiación, ¿para qué seguir dando la impresión de que se obliga a unos profesionales a hacer algo que no quieren? O dicho en términos constitucionales: ¿para qué seguir restringiendo un derecho fundamental como es el derecho a no asociarse más allá de los casos en que haya un interés público que lo justifique?

Por todo esto, no estaría de más que los representantes colegiales reflexionaran sobre qué es en verdad lo más conveniente para los intereses de sus representados y para el común de los andaluces. A lo mejor entonces acaban aplicando a la colegiación obligatoria de los funcionarios de la sanidad lo que dijo sobre un asunto similar un clásico constitucionalista, Nicolás Pérez Serrano: acabemos con esta vieja y anacrónica institución que hoy día ya no tiene razón de ser.

Agustín Ruiz Robledo es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.