La comisión de investigación llamará a declarar al delegado de Tráfico de Sevilla y a su antecesor

La comisión constituida en el Ayuntamiento de Sevilla para investigar supuestas irregularidades en la delegación de Tráfico consensuó ayer una lista de comparecientes. Los portavoces de los cuatro grupos acordaron llamar a declarar, entre otros, al delegado de Tráfico, Blas Ballesteros, y al que ocupaba este cargo cuando presuntamente se cometieron las irregularidades, Mariano Palancar. Asimismo, tendrán que testificar otros dos miembros del gobierno socialista, el anterior portavoz, Emilio Carrillo, y el concejal de Hacienda, Carmelo Gómez.

En la reunión de ayer, la tercera desde que arrancó la comisión de investigación, los representantes de los cuatro grupos tenían previsto posicionarse sobre los expedientes de adjudicación y de ejecución del contrato a la empresa Grupisa, pero la documentación es tan abundante que los portavoces de cada grupo en la comisión no habían tenido tiempo de analizarla y han preferido programar otra reunión para el próximo viernes, según el portavoz de IU, Luis Pizarro.

En lo que sí avanzó ayer la comisión fue en la lista de comparecientes, que incluye una veintena de nombre de políticos, funcionarios y responsables de la empresa Grupisa, adjudicataria de los servicios de señalización de tráfico en la zona sur de la capital y que supuestamente sobornó a los dos funcionarios encargados de controlar sus servicios. Además de Ballesteros, Gómez, Carrillo y Palancar, la comisión llamará también al actual director de área de Tráfico y al de la anterior corporación, al denunciante particular del caso, Miguel Mateo, y a los dos funcionarios bajo sospecha y cuyos expedientes administrativos están ya en manos de la Fiscalía.

La lista fue consensuada entre los cuatro grupos sin demasiadas discusiones, aunque el PP pidió que se justificara la inclusión de Palancar y del que era su jefe de área, Pedro Medina. Entre los comparecientes previstos no figuran ni el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ni la que era alcaldesa en el momento en el que se produjeron las supuestas irregularidades, Soledad Becerril. No obstante, el listado no está cerrado y podrán añadirse nuevos nombres a medida que avance la comisión, según subrayó Pizarro.

El portavoz de IU insistió también en que todos los comparecientes, 'incluso los funcionarios implicados en el proceso judicial', serán convocados sólo como testigos. 'Hay que dejar claro que no son acusados en un juicio paralelo sobre responsabilidades políticas', advirtió Pizarro, 'los llamamos para intentar aclarar en qué circunstancias se han podido producir las irregularidades'.

La intención es que las comparecencias empiecen el 8 de enero. Antes de final de año, la comisión tiene previstas aún dos reuniones en las que debe quedar analizada toda la documentación. A partir de enero, acelerará el ritmo de trabajo y se reunirá casi a diario para escuchar las declaraciones de los testigos. Los primeros en comparecer serán el denunciante, dos trabajadores de Grupisa y los funcionarios expedientados.

Pizarro subrayó que a todos los comparecientes se les va a advertir que pueden negarse a declarar, una hipótesis que se baraja, sobre todo, para los funcionarios implicados en el proceso judicial, aunque el portavoz de IU precisó que los datos que interesan a la comisión no tienen por qué chocar con los que investiga la Fiscalía.