Sólo 70 años de igualdad ante la ley

'Todos los españoles son iguales ante la ley' (Artículo 2). 'Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes' (Artículo 36). 'No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas' (Artículo 25). Estos tres artículos incorporaron en la Constitución de 1931 la igualdad legal de hombres y mujeres en España y, por vez primera, el derecho al sufragio para todos los ciudadanos, hombres y mujeres. Los acalorados, flexibles y controvertidos debates parlamentarios para lograr esa igualdad han sido rememorados por el Congreso de los Diputados en el libro El debate sobre el voto femenino en la Constitución de 1931, elaborado por Amelia Valcárcel, profesora de Filosofía Moral de la Universidad de Oviedo, y que ayer fue presentado en el Parlamento por Luisa Fernanda Rudi, presidenta de la Cámara baja.

La recopilación de los debates de aquellas Cortes Constituyentes realizado por Valcárcel refleja tres grandes diferencias con el funcionamiento actual del Parlamento. Sólo tres mujeres, Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken, ocupaban escaño en un Parlamento de abrumadora mayoría masculina, pero las dos primeras tuvieron un papel clave en la discusión y redacción definitiva de los artículos constitucionales que igualaron a hombres y mujeres ante la ley y ante las urnas. Los diputados disponían de su voto por sí mismos, y los debates, marcados por esa libertad de actuación, tenían una viveza ahora impensable.

Desató un enconada discusión, por ejemplo, la supresión de la frase: 'Se reconoce, en principio, la igualdad de los derechos de los dos sexos'. Eliminar la apostilla 'en principio', introducir que el 'sexo' no podía ser 'fundamento de privilegio jurídico', y asumir que si 'todos los españoles son iguales ante la ley', lo son tanto los hombres como las mujeres, consumió largas sesiones de debate. Pero, al final, el detalle más complejo fue asumir que esa igualdad implicaba, indefectiblemente y en las mismas condiciones, el derecho a voto de hombres y de mujeres. En este punto, la discusión llevó a un choque dialéctico entre Clara Campoamor, feminista y entusiasta defensora del sufragio femenino, y Victoria Kent, quien, por convicción o por disciplina con su grupo político (los socialistas radicales), argumentó a favor de retrasar la puesta en práctica del derecho de voto femenino. Aunque España era, en 1931, uno de los pocos países europeos que aún no había incorporado el sufragio de las mujeres, ésta no era una cuestión respaldada unánimemente ni siquiera por la izquierda. Valcárcel recuerda en su libro que las agrupaciones socialistas bajo la influencia de Indalecio Prieto se sumaban a la corriente a favor de diferir el voto de las mujeres en la que se alineaban radicales, socialistas radicales y parte de los republicanos.

Tan escaso era el margen a favor del sufragio femenino que aunque el 1 de octubre se aprobó, con un margen de 40 votos, el artículo que instauraba el sufragio para hombres y mujeres, el debate volvió a la Cámara dos meses después, el 1 de diciembre, con la propuesta de un artículo adicional a la Constitución para que el sufragio femenino en las elecciones generales quedara pospuesto hasta después de que se renovaran totalmente todos los Ayuntamientos. Esta maniobra dilatoria fracasó por un margen de sólo cuatro votos. Victoria Kent se alineó también aquí con los que defendían el retraso, con el argumento de que las mujeres españolas no estaban, en general, todavía maduras para ejercer el voto.

Dos años después, en 1933, las primeras elecciones con sufragio universal dejaron fuera del Parlamento a Kent y a Campoamor. Ambas tuvieron que exiliarse con la Guerra Civil. Campoamor no llegó a conocer la recuperación de la democracia en España: murió en 1973. Kent vivió hasta 1987, pero mantuvo hasta el final su residencia en Nueva York.