El CES critica que la Junta use la ley de acompañamiento del Presupuesto para 'modificar el ordenamiento jurídico'

La ley de acompañamiento del Presupuesto elaborado por la Junta de Andalucía para 2002 'excede con mucho' lo que debe ser una norma de estas características al introducir 'modificaciones en el ordenamiento jurídico, ajenas a las propias leyes de presupuestos'. Ésta es la principal conclusión del pleno del Consejo Económico y Social que ayer aprobó por unanimidad un informe sobre esta norma.

El CES, que reúne a sindicatos, patronal, consumidores, ecologistas y organizaciones agrarias, lamenta que la Junta le haya presentado conjuntamente el anteproyecto de ley de Presupuesto y su ley de acompañamiento. La norma que regula al CES le faculta a realizar dictámenes preceptivos ante cualquier 'medida normativa sobre materias económicas y sociales, exceptuándose los anteproyectos de ley de presupuestos', sobre los que el Consejo tan sólo recibe información. Al presentar conjuntamente ambas normas, se le niega al CES la posibilidad de hacer un dictamen preceptivo sobre la ley de acompañamiento que, como recalca el informe aprobado ayer, 'introduce modificaciones normativas con efectos económicos y sociales'.

La Junta renunció a utilizar esta controvertida técnica legislativa en 2001, pero con su inclusión en los Presupuestos de 2002, establece o cambia al menos seis leyes ajenas a las cuentas autonómicas. La ley de acompañamiento incluye una reducción en los impuestos sobre el bingo y juegos de azar, una disposición que 'intentan neutralizar efectos no deseados en estos gravámenes establecidos precisamente en otra ley de acompañamiento' y sobre la que el CES cree que debía haber realizado un informe preceptivo.

El Consejo también defiende que ese informe debía hacerse sobre el establecimiento de una tasa por expedición de títulos académicos -'un nuevo concepto tributario que no ha sido explicado'- y recuerda los 'efectos perturbadores' que trajo la aplicación de la tasa seis mil en la universidad.

El CES también habría querido tener la oportunidad de elaborar un dictamen sobre la revisión de tarifas y cánones en puertos, sobre la creación de agentes de medio ambiente o sobre la nueva regulación de las entidades privadas que colaboran con el sistema público de servicios sociales, disposiciones también incluidas en la ley de acompañamiento. Sobre el establecimiento de una moratoria de un año en las licencias a grandes superficies comerciales, el CES resalta 'sus repercusiones de carácter económico y social en el sector de comercio'.

'El Consejo quiere dejar patente la incorrección que supone el empleo de estas llamadas leyes de acompañamiento, que le impiden cumplir sus funciones', concluye el informe que exige a la Junta que 'si se va a continuar con este procedimiento, tenga en consideración' sus competencias.