Las diferentes policías dicen no tener competencias sobre el asunto

La celebración de fiestas raves es conocida por las autoridades pero las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la Administración, se cruzan protocolos y el fenómeno crece sin que los riesgos que entrañan sean asumidos por alguien.

Desde la Consejería de Justicia, de cuya dirección general de Interior dependen los espectáculos, locales, bares, licencias para fiestas de fin año y demás, responsable de que se cumplan los mínimos de seguridad en el interior de cualquier espacio abierto al público, se explica su ignorancia sobre las raves con el argumento de que 'sólo tenemos capacidad de intervenir en aquello que tiene licencia y comprobar que la actividad se ajusta al permiso concedido'. Según las mismas fuentes, la Policía Autonómica no tiene competencias en terreno rave. Mientras, en el caso de actividades regladas en materia de espectáculos y establecimientos, la autonómica acumula 2.631 actuaciones de enero a septiembre de 2001 (1.266 en Valencia, 630 en Alicante y 735 en Castellón). La Policía Autonómica actúa en la mayoría de los casos a instancias de las denuncias de los vecinos por el incumplimiento de horarios de cierre, límites de emisión de música o carencia de licencia de apertura. Pero si no se denuncian molestias mientras se celebra una rave -cosa difícil porque los espacios escogidos no están en entornos habitados- o el propietario del almacén no denuncia la ocupación, Justicia pasa la pelota a las diferentes policías y considera que como no hay fórmula legal que defina las rave no se está vulnerando nada que no está reglado. Principio alejado de la propuesta lanzada por la delegada del Gobierno, Carmen Mas, quien reclamó atención sobre el fenómeno y señaló a Justicia como responsable de ello.

La Policía Nacional entiende que esas concentraciones no son de su competencia. Más aún, considera que es equivalente a la celebración de una fiesta en un domicilio privado, salvo que se produzcan altercados, medie denuncia del propietario, exista expediente que considere en ruinas -que no en abandono- el emplazamiento o se haya decidido realizar una redada bajo el paraguas de una investigación. O sea, para la nacional, las rave existen, conoce dónde, quienes las organizan y en qué consisten, pero no actúa sobre ellas.

Parecido comportamiento tiene la Policía Local. Salvo que existan indicios de delito, se reclame su presencia por molestias, o el consumo de alcohol se haga fuera del emplazamiento de la fiesta, por tanto en la calle, las raves no están en su agenda. Las raves no sólo sobreviven sino que se extienden porque su modalidad se contempla en ley alguna y equivale a una fiesta privada en la que sólo cambia la naturaleza de la propiedad del espacio en el que se celebran. Eso, entrañando ventajas varias, esconde también riesgos incalculables al no existir control sobre las condiciones de espacios en los que se pueden concentrar hasta 3.000 personas.

La nueva ley de espectáculos pondrá las cosas aún más fáciles para la convocatoria de fiestas de este signo dado el escaso margen en las tipologías de licencias que se podrán pedir por actividad.