La Audiencia de Lleida condena a 32 años al asesino de un jubilado

La Audiencia Provincial de Lleida ha condenado a Albert Calderó Pibrall a un total de 32 años de prisión como autor responsable del secuestro y asesinato de un jubilado, al que previamente torturó para obligarle a confesar el número secreto de su tarjeta de crédito. El tribunal establece para el acusado una condena efectiva de 30 años, el tiempo máximo permitido por el Código Penal. Su compañera y cómplice en el crimen, María Pilar Vargas, ha sido condenada a tres años y medio de cárcel.

La sentencia declara probado que Calderó, de 35 años y con un amplio historial delictivo, fue quien el 17 de febrero de 2000 mató a Llorenç Solbes, de 63 años, para apoderarse de sus seis millones de pesetas ahorrados que pensaba invertir en un club de alterne del que era accionista y cliente. El jubilado, que solía alardear en público de una capacidad económica que no tenía, conoció a María Pilar, que trabajaba de camarera en el local, y ésta le comentó a su compañero que Solbes pensaba realizar una inversión importante en el negocio. Ambos urdieron un plan para apoderarse del dinero.

A mediados de febrero, la mujer, siguiendo las instrucciones de Calderó, citó al jubilado en un bar y con engaños le convenció para que subiera al vehículo del acusado. Tal como habían planeado, Calderó se dirigió hacia una casa de campo aislada situada cerca de Albatàrrec, donde fue sometido a brutales torturas. La sentencia explica que el acusado ató a Solbes a una silla y le encañonó con una escopeta exigiéndole el dinero, al tiempo que le amenazaba con cortarle los dedos y con matarle.

Comoquiera que el jubilado insistiera en que sólo tenía 300.000 pesetas en el banco, Calderó se enfureció y empezó a golpearle con un palo, llegando a fracturarle una mandíbula; a base de torturas, consiguió que le dijera su número secreto para poder operar en el cajero automático. Al no conseguir nada más, añade la sentencia, le ató una cuerda en el cuello, hizo un torniquete y lo estranguló mientras el jubilado imploraba piedad. Después, Calderó y Vargas trasladaron el cuerpo a una fosa cavada meses antes y lo enterraron en cal viva. Esa misma madrugada, los acusados extrajeron 386.000 pesetas en ocho cajeros. La pareja fue identificada gracias a la filmación de la cámara de vídeo de un banco.

El tribunal considera que los hechos constituyen sendos delitos de detención ilegal, uno de robo con violencia y otro de asesinato. La prueba de cargo en la que se sustenta el fallo es la 'pormenorizada declaración incriminatoria de la procesada', aunque inicialmente negó su participación en los hechos porque sentía 'un profundo temor' hacía Calderó, persona muy violenta. El tribunal aprecia en el acusado los agravantes de alevosía, ensañamiento y despoblado y en la de la mujer las atenuantes de miedo insuperable, arrepentimiento y confesión.