Castells: 'La tasa no da un duro más a las autonomías'

La oposición socialista, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto especial de hidrocarburos, reparte sus críticas en Cataluña entre el Gobierno de José María Aznar y el Ejecutivo catalán por una medida que, en su opinión, no servirá a su objetivo teórico: financiar la sanidad de las comunidades autónomas. Los socialistas claman que la tasa sólo engordará los recursos con que contará el Estado mientras que, de cara a la opinión pública, pesará como una losa sobre la imagen de los gobiernos autónomos, que aparecerán como responsables de una mayor presión fiscal.

Según el catedrático de Hacienda Pública Antoni Castells, secretario de economía del PSC, la carambola efectuada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la creación del nuevo impuesto, y la actitud del consejero de Economía catalán, Francesc Homs -que primero aceptó la medida sin rechistar y hoy ha de lidiar con las consecuencias políticas y fiscales de la medida en Cataluña-, 'ha hecho hacer el ridículo' a este último.

Montoro aprovechó el acuerdo de financiación autonómica cerrado hace cuatro meses por el Gobierno y las autonomías para sacarse de la manga una tasa de cuatro pesetas sobre gasolinas y gasóleos (una peseta para el gasóleo agrícola y de calefacción) que supondrá unos ingresos adicionales para el Estado de unos 125.000 millones de pesetas (unos 25.000 millones para Cataluña). El acuerdo de julio sólo preveía, a petición de Homs, que un grupo de trabajo estudiara la opción de que el tramo minorista del impuesto sobre las gasolinas derivara en una figura tributaria finalista y cedible a las autonomías.

Los socialistas alertan de que las administraciones autonómicas no verán más dinero, a menos que se decidan a aplicar el tramo del impuesto de su competencia, de hasta 1,6 pesetas por litro. En el caso de Cataluña, este recargo autonómico sobre la tasa supondría 9.600 millones de pesetas.

'Lo que el Estado da con una mano a las comunidades autónomas se lo quita con la otra, ya que las autonomías no ganarán ni un duro más', subraya Castells, en alusión al hecho de que los ingresos fiscales estatales por la subida de cuatro pesetas van a detraerse de forma automática del Fondo de Suficiencia, la bolsa de la que las autonomías pueden recibir compensaciones si no logran cubrir sus necesidades financieras. Así lo recoge el acuerdo de financiación autonómica que se pactó en julio.

Los socialistas señalan que la utilidad del impuesto para resolver los problemas de la sanidad pública catalana deja mucho que desear: 'Una cuantía de 25.000 millones cuando el presupuesto de la sanidad se acerca a 900.000 millones significa que sólo se cubre el 2,5% del gasto en sanidad', recuerda Castells, quien añade que los impuestos de carácter finalista deberían reservarse para programas de gasto muy específico y por un tiempo limitado, pero 'nunca para hacer frente a una partida de gasto tan esencial y amplia' como la de sanidad.

El secretario de economía del PSC localiza el problema de fondo en el aumento de los recursos destinados a las autonomías que se pactó en julio, cifrado en 350.000 millones de pesetas, a partir de un cálculo hecho con referencia al año 1999. Con el cuadro macroeconómico actual, Hacienda constata hoy que únicamente puede conseguir 250.000 millones. La disminución se explica, sobre todo, por la evolución de los impuestos indirectos.

A esta circunstancia se añade lo que Castells denomina 'fundamentalismo del Gobierno' en materia de estabilidad presupuestaria, que ha llevado a Aznar a elaborar unos presupuestos de 2002 marcados por la 'falta de realismo'. Ello empuja ahora al Gobierno a aumentar la presión fiscal con nuevos impuestos.

'La Generalitat debería decirle al Gobierno que hiciera bien sus presupuestos y que le diera capacidad normativa, pero que no la hiciera pasar por el malo de la película', apunta Castells, quien se muestra particularmente inquieto porque CiU aceptó en julio que no hubiera revisión quinquenal, como hasta ahora, del acuerdo de financiación.

'Si el acuerdo de julio no garantizaba la financiación de la sanidad es que era un mal acuerdo', sentencia. El déficit que arrastra la sanidad catalana es de 60.000 millones al año, no por mala gestión, sino porque crece el gasto en sanidad. 'Si los ingresos no crecen al mismo ritmo y el modelo quinquenal no puede revisarse, ¿es o no para preocuparse?'.