Favores a la Iglesia

El partido del Gobierno, en este caso con el apoyo de los grupos nacionalistas (PNV incluido), ha hecho nuevamente una interpretación confesionalista de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 para otorgar un trato de favor a las asociaciones católicas, excluyéndolas del régimen general de la nueva ley que regula el derecho de asociación. El régimen específico que el Estado reconoce a las asociaciones católicas les exime de rendir cuentas y de regirse por principios democráticos y de transparencia, al tiempo que les permite competir con las asociaciones a las que afecta la nueva ley en el reparto de subvenciones procedentes del Estado.

El Partido Popular ha optado por una interpretación de los acuerdos de 1979 que otorga igual trato legal a las órdenes y congregaciones religiosas e institutos como el Opus Dei y a las asociaciones de diverso signo promovidas por la Iglesia. Sin embargo, los citados acuerdos distinguen entre las primeras, sujetas a la legislación canónica y cuya personalidad civil se adquiere por su mera inscripción en el correspondiente registro del Estado, y las segundas, sometidas en todo lo referente a su estado jurídico-civil a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado.

No es la primera vez que el PP, desde el Gobierno o desde su posición mayoritaria en el Parlamento, adopta posiciones discriminatorias a favor de la Iglesia tomando como punto de apoyo los acuerdos de 1979 y al margen de cualquier referencia a la Constitución. La actitud de la jerarquía española en el tema de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos, despidiendo a profesores por motivos concernientes a su vida privada, se debe en gran medida a las concesiones hechas por el Gobierno de Aznar en el convenio económico-laboral firmado con los obispos en febrero de 1999. De esos lodos proceden estos polvos de tinte confesional, que se hacen notar en un año en el que se conmemora el 25º aniversario de la renuncia por el rey Juan Carlos -como adelanto del cambio democrático que se avecinaba- al privilegio franquista de presentación de ternas para el nombramiento de los obispos. El régimen de mutua independencia entre Iglesia y Estado, reclamado a Franco sin éxito por Pablo VI y por los obispos españoles liderados por el cardenal Tarancón, quedó plenamente plasmado en la Constitución de 1978. Casi cinco lutros después esta situación corre el riesgo de diluirse en el lado del Estado, al tiempo que se vigoriza en el de la Iglesia, por obra del Gobierno del PP.