Un juez tilda de 'racista' la protesta contra el Consulado de Marruecos

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, Nicolás Poveda Peñas, ante el que declararon el sábado cuatro vecinos del barrio Oliveros que se oponen a la ubicación de un Consulado de Marruecos en el mismo, establece en su auto que la conducta de los denunciados es 'absolutamente ilegítima', limitadora de los derechos constitucionales, 'sin otra base más que la discriminación por razón de origen, religión, raza o nacionalidad' del usuario del local, 'por lo que debemos considerarla como xenófoba o racista'.

El auto también contiene una severa crítica a las autoridades políticas cuando se refiere a los dos intentos anteriores de instalar el Consulado en otros dos barrios de la capital almeriense, hecho que define como 'vergonzoso antecedente'.

En referencia a esos dos intentos anteriores, donde los vecinos también mostraron de modo contundente su rechazo al Consulado, el juez Nicolás Poveda considera que 'se ha dado la apariencia de una más que posible dejación de funciones por quien le correspondía ejercitar la defensa de los derechos que nos ocupan, ya que tal tipo de experiencias o antecedentes sólo son provechosas cuando se reprueban públicamente y se rectifican'.

Las cuatro personas que declararon el viernes son la alcadesa del barrio Mediterráneo-Oliveros, Emilia Jiménez; la vicepresidenta de la asociación de vecinos, Dolores López; la presidenta de la comunidad de vecinos del edificio en cuyos bajos se prevé instalar el Consulado, Carolina Millán, y uno de los líderes de los vecinos que se oponen, Juan Manuel Villalba. Todos ellos fueron denunciados por presuntos delitos de amenazas, coacciones, contra el orden público y contra los derechos de los trabajadores.

De hecho, en el auto se señala que 'la actuación de los denunciados es la realización de actos de carácter violento, como son el impedir por la fuerza la entrada de operarios, así como el volcado de contenedores de basura en la vía pública, manifestaciones y expresiones vejatorias y amenazantes contra la integridad y bienes del denunciante y su familia'.

A los cuatro imputados, que quedaron en libertad después de declarar durante más de tres horas y media, el juez les hace en el auto un requerimiento 'para que cesen en toda actividad violenta contraria a la realización de obras por el denunciante en su propiedad y a la instalación concertada de un Consulado del reino de Marruecos'.

El juez deja muy claro el derecho de Marruecos a instalar su Consulado en Almería y desmonta también los argumentos que ofrecen los vecinos para oponerse a la oficina diplomática: 'Se esgrimen razones de saturación de la población del barrio, e incluso de seguridad, que no se comprenden con el antecedente de que en dicho local estuvo instalada una parroquia y que en la acera de enfrente está ubicado el acuartelamiento principal de la 212 Comandancia de la Guardia Civil, lo que motiva a considerar que en la actuación de los denunciados existen otros motivos o razones'.

Creciente exclusión

En esa misma línea, en el auto se hace referencia a una nota repartida por los vecinos en la que ofrecen sus razones para oponerse al Consulado. Según el juez, del contenido de esa nota 'se deduce que [las razones de los denunciados] obedecen sin duda alguna a no querer por ningún medio la ubicación del Consulado de Marruecos en la zona, no respecto de un Consulado cualquiera, ya que si hubiera sido el de Suecia, Suiza o Francia, con total seguridad no se hubieran producido estos hechos, pero es precisamente el ser de Marruecos el Consulado lo que motiva su actuación'.

El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, hizo ayer un llamamiento a las Administraciones públicas para reclamar que las 'actitudes racistas y de exclusión' que subyacen en 'un gran sector' de las personas que participan en esas protestas sean 'combatidas desde la legalidad vigente'. En declaraciones a Europa Press Televisión, advirtió de que 'en medio de esas protestas hay mucha gente que sólo lo hace por razones de rechazo'.

'Es muy triste, pero existe un fenómeno creciente de exclusión y, en muchos casos, no en todos, de racismo, simple y llanamente, por mucho que se niegue', subrayó el Defensor del Pueblo Andaluz, que advirtió de que 'hay un gran sector de la población, aunque otras personas no, que tienen actitudes racistas y esto hay que combatirlo desde la legalidad vigente'.

[Por otra parte, una patrullera de la Guardia Civil interceptó en la noche del sábado una patera a cuatro millas de la costa de Fuerteventura. A bordo de la embarcación viajaban 18 inmigrantes subsaharianos y dos patrones, de nacionalidad marroquí, que fueron puestos a disposición judicial. Los inmigrantes declararon a las autoridades que habían salido de madrugada de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, informa Europa Press].