Amnistía Internacional investiga si se torturó a Sorzabal

Amnistía Internacional (AI) considera verosímil el relato de las torturas que supuestamente infligieron agentes de la Guardia Civil a la miembro de Gestoras pro Amnistía Iratxe Sorzabal mientras estuvo detenida e incomunicada durante cinco días en dependencias del instituto armado, el pasado mes de marzo, acusada de pertenecer a la organización terrorista ETA. El citado organismo encargó nada más tener constancia de la denuncia una investigación del asunto a Gillian Fleming, la persona que habitualmente estudia estos casos en España, según confirmó ayer el director de la Sección Española de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, que calificó el caso de 'muy serio'.

Fleming ha ido recogiendo todos los datos sobre la denuncia -relato de la denunciante, informes médicos, posteriores informes forenses, información oficial...-, que está siendo investigada por la justicia española y sobre la que el Gobierno vasco ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior.

En su informe del primer semestre sobre las Preocupaciones en Europa de AI referido a España, se recoge el caso de Iratxe Sorzabal -detallando los supuestos malos tratos y la 'serie de informes médicos que hacían referencia a la existencia de lesiones- y se constata expresamente que 'estaba aumentando el número de denuncias de torturas a presuntos miembros de ETA en régimen de incomunicación a manos de la Guardia Civil o de agentes de la policía'.

Por otra parte, el alcalde de Ondarrroa, Loren Arkotxa (Batasuna), y el director de la revista Kale Gorria, Xarlo Etchezarreta, fueron puestos en libertad ayer sin cargos, según precisó su abogado, después que ser arrestados por la policía uruguaya cuando llegaban al aeropuerto de Montevideo procentes de Argentina. Por contra, continuan detenidos Jesús María Lariz Iriondo y otra persona cuya supuesta identidad es Fernando Rivera García, aunque se sospecha que pueda ser José Ricardo Callao Arregi. El diario uruguayo La República publicó ayer que la policía uruguaya sospechaba que Arkotxa y Etchezarreta podían llevar documentación falsa para entregar a un presunto etarra y sacarle así del país.