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Los trabajadores del hospital del Generalísimo se encierran contra su clausura

El personal y los enfermos irán al Gómez Ulla

Oriol Güell

Los más de 400 trabajadores del hospital militar del Generalísimo iniciaron ayer un encierro 'indefinido' en protesta por la clausura del centro decretada por el Ministerio de Defensa. El personal quiere que la Consejería de Sanidad integre al centro y sus trabajadores en la red pública de hospitales cuando la Comunidad asuma las competencias sanitarias el próximo año. Defensa y la consejería aseguran que las negociaciones sobre el destino del Generalísimo 'siguen abiertas'.

Los empleados del Generalísimo, que tiene 300 camas para enfermos crónicos y geriátricos, han recibido ya la orden de traslado al hospital Gómez Ulla, en Carabanchel. Éste concluirá el próximo día 23, cuando los 50 pacientes ingresados en el hospital y los trabajadores abandonen el complejo de la calle de Isaac Peral y ocupen su nuevo destino.

'No podemos permitir el cierre de un hospital con 300 camas para enfermos crónicos, que es lo que más necesita en estos momentos la sanidad pública', se quejan Paloma Bello y Marina Poveda, dos de las trabajadoras encerradas. Sindicatos y oposición apoyan el acuerdo, aunque éste, según los trabajadores, ha sido una iniciativa suya.

'Apoyamos el encierro porque estamos rotundamente en contra del cierre y exigimos que el centro pase a la sanidad pública', proclamó Concha Madrigal, delegada de CC OO en el centro. Alfredo Marchán, concejal socialista de Madrid, destacó: 'En un distrito que tiene una población con una elevada media de edad, un centro sociosanitario público es una necesidad. Nos preocupa que se haga el cierre sin que la Consejería de Sanidad haya confirmado que va a quedarse con el hospital'.

Con el traslado, Defensa sigue adelante con sus intenciones de concentrar en el Gómez Ulla todos sus recursos sanitarios en la región durante los próximos tres años. En este plazo será remodelado el hospital del Aire, en la calle de Arturo Soria, donde Defensa quiere instalar en 2005 su hospital central, tras lo que venderá el Gómez Ulla.

El Ministerio de Defensa y la Consejería de Sanidad afirman que no han cerrado ningún acuerdo sobre el Generalísimo ni sobre los otros dos centros puestos a la venta por Defensa este año: la policlínica Naval y el sanatorio de Los Molinos. 'Las negociaciones siguen abiertas', declararon ambos departamentos. Pese a ello, fuentes de la Consejería de Hacienda dijeron el pasado 1 de octubre, en la presentación de los presupuestos del Gobierno regional para 2002, que las inversiones de Sanidad incluyen una partida destinada, si se llega a un acuerdo con Defensa, a la compra del Generalísimo.

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Los encerrados acusan a Defensa de violar el Acuerdo para cierres y traslados del personal laboral de Defensa, firmado en 1995 y revisado en 1997, que establece que Defensa realizará una oferta de vacantes a los empleados afectados. 'No lo han hecho. Esto es un traslado forzoso puro y duro', declararon los trabajadores. Juan José Blázquez, subdirector general de Personal Civil del ministerio, reiteró que su departamento sí cumple este acuerdo: 'Haremos la oferta de vacantes en los primeros meses de 2002, en el plazo de medio año desde el cierre efectivo del centro que establece el acuerdo'.

Los sindicatos consideran que el Generalísimo podría atender a los pacientes crónicos y geriátricos que ocupan ahora camas destinadas a enfermos agudos en el hospital Clínico San Carlos. 'Un tercio de las 1.000 camas del Clínico están hoy [por ayer] ocupadas por pacientes que llevan más de dos semanas ingresados [la dirección del Clínico concretó que era un 27%]. Un tercio de ellos [unas 100 camas] son pacientes que deberían ser atendidos en un centro de crónicos. El pase del Generalísimo a la sanidad pública aligeraría la sobrecarga asistencial que soporta el Clínico', según Javier Villanova, delegado sindical de CC OO en el centro.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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