La oposición de Cádiz dice que Martínez amenaza con ir a los tribunales para 'amedrentar' a quien la censura

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz (PSOE, IU y PA) acusaron ayer a la alcaldesa, Teófila Martínez, de utilizar las amenazas de emprender acciones judiciales para 'acallar y amedrentar' a los adversarios políticos. En los últimos años, el gobierno popular del Ayuntamiento gaditano ha amenazado con llevar a los tribunales a la oposición al menos 13 veces (EL PAÍS 11 de noviembre), algunas de ellas por críticas a la gestión política formuladas en los plenos.

El portavoz socialista, Juan Ortuño (con cuatro amenazas de querellas y una recibida y archivada), lamentó que Cádiz sea protagonista por la judicialización de la vida política, que achacó en exclusiva a Martínez. 'Gracias a la desgracia de que Cádiz tiene a la presidenta del PP en Andalucía, la ciudad es vanguardia en este tipo de políticas de amenazas, querellas, notarios, y el abuso de la justicia para el debate político', dijo Ortuño, quien añadió: 'Es un mecanismo torticero de engañar a la opinión pública y atemorizar a la oposición'.

En términos más duros se expresó Julio Braña, portavoz del PA, quien acusó a Martínez de emplear en ocasiones 'conductas que llegan a ser casi mafiosas para coaccionar a la oposición'. 'Me produce satisfacción que en Andalucía los ciudadanos empiecen a conocer cuales son los métodos de Martínez para gobernar, con maneras que ya creíamos que habían pasado hace ya 40 años, tratando de tapar la boca, amedrentando y amenazando a la oposición en su acción de control al gobierno local', dijo Braña.

El portavoz de Izquierda Unida, Jesús Gargallo, sostuvo que Martínez es la responsable de la crispación política en el consistorio gaditano. 'Ha judicializado la vida política y está perdiendo los papeles', afirmó.

El consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, conoce muy bien la técnica de la querella política. No en vano en los últimos años, según asegura, distintos dirigentes del PP le han amenazado hasta 15 veces con llevarle a los tribunales. Pero, que recuerde, las demandas sólo han llegado a los juzgados en dos ocasiones de la mano del secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, y una de ellas fue archivada y la otra se retiró.

Zarrías cree que la amenaza judicial es una forma de 'intimidación política' que persigue evitar la crítica y que se lleve al fondo de los asuntos. 'Además de coartar la libertad de expresión, la mayoría de las veces son meros anuncios cuyo objetivo es que no se hable de lo que se denuncie y sólo de las querellas', subraya Zarrías.