La educación es un derecho, no una mercancía
En la orilla del nuevo milenio uno de los indicadores más significativos para distinguir entre sociedades democráticas formales y sociedades democráticas reales es precisamente el grado de socialización del conocimiento y la información. Así, cuando la propiedad del acceso al conocimiento científico-tecnológico continua en manos de una parte minoritaria de la población y cuando el mecanismo de la información se reduce a que unos in-forman (dan forma) y otros son in-formados (les imponen una forma) debemos saber que nos encontramos en el centro de una sociedad de democracia formal. A su derecha el autoritarismo neoliberal, a su izquierda la social-tecnocracia de las 'terceras vías'. Con sus respectivos matices estas políticas conservadoradas tienden a reducir todo lo público a la condición de mercancia económica privada. Desde su orientación lo social sólo existe en tanto que rentabilidad económica privada, una rentabilidad a la que las versiones más tecnocráticas le suelen añadir la retórica de la gestión eficaz ('la calidad' como la llaman ahora).
El espacio privilegiado de intervención de estos nuevos corsarios de la política es el llamado 'bienestar social', es decir, el espacio donde se concreta el resultado de las diversas luchas históricas por la igualdad de derechos entre la ciudadanía y, en concreto, su rapiña se centra en el recorte de los derechos laborales, educativos y sanitarios. En estos dos últimos ámbitos: la sanidad y la educación públicas, su estrategia política tiende a disolverlos en el aire neoliberal, a restringir su uso sólo a aquellos sectores sociales que tengan capacidad económica de compra. En la sociedad neoliberal, la capacidad de consumo sustituye a la condición ciudadana.
En términos sociales, lo más interesante de este proceso consiste en comprobar como las políticas neoliberales consiguen hacer lo contrario de lo que dicen en nombre de lo que dicen. Así cuando hablan de potenciar la sanidad o la educación pública lo que realmente están haciendo es desmontarla y en algunos casos subastarla al más cercano entre los postores. En términos ciudadanos lo más inquietante es advertir como estas realidades virtuales se imponen a las conciencias individuales, sustituyendo a sus propias realidades concretas, en suma, constatar la capacidad que han demostrado para imponer mediáticamente los significantes virtuales del conformismo generalizado del tipo: 'España va bien'; frente a los significados reales del progresivo recorte de los derechos ciudadanos: precarización laboral, desmantelamiento progresivo de la sanidad y la educación pública. En suma, el éxito de estos procesos supone una seria amenaza para la supervivencia de la cultura democrática. Nos enfrenta con la pregunta sobre la cultura cívica que hemos construido.
Desde hace un par de décadas, la sociedad española ha sido un campo privilegiado para la implementación de las políticas neoliberales. Todavía no repuesta del traumatismo político y social del franquismo, los procesos de cambio social recientes nos han instaslado de lleno en el corazón del neoliberalismo -la versión política de El corazón de las tinieblas de Conrard-. El proyecto de Ley de Ordenación Universitaria es su penúltima amenaza. Frente a una universidad concebida como un servicio público, dirigida tanto al desarrollo cultural y crítico de nuestra sociedad como a la transformación y redistribución social mediante la democratización de los instrumentos del saber; la ley orgánica que el PP está tramitando representa su negación. Supone el intento más serio que se ha producido hasta ahora en el camino de la privatización de la enseñanza superior y de la investigación universitaria con el objetivo de transformar la universidad pública en una mercancia en manos del interés privado.
En una 'postmoderna' y 'santa alianza' entre la tradición feudal del opusdeismo universitario más rancio con la modernidad del neoliberalismo más depredador, su articulado propone un serio recorte a la democracia interna en los orgános de gestión de las universidades. Apunta, en última instancia, a la intensificación de las relaciones estamentales de autoridad frente a las democráticas y a la instrumentalización del conocimiento público en aras del beneficio empresarial privado.
La LOU nos devuelve al corazón de las tinieblas universitarias, moderniza el viejo lema de la universidad de Cervera para convertirlo en: 'Lejos de nosotros la funesta manía de pensar, por el bien común'. Perdemos todos, ganan unos pocos. La universidad pública no es telefónica por mucha (o poca) comunicación que haya en su seno. Ahora más que nunca, pensar que otra sociedad es posible implica pensar en otra forma de gestión y transmisión democrática del conocimiento, implica, en lo inmediato apoyar todas las movilizaciones que en la sociedad española se están produciendo en contra de este proyecto de ley. Quizás así podamos enfrentar el crítico horizonte de desigualdades sociales y de destrucción ecológica a la que la globalización neoliberal nos ha conducido.
José Manuel Rodríguez es profesor del departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, como los otros firmantes del texto: Gil-Manuel Hernández, Fátima Perelló, María Poveda, Francesc Palop, Albert Moncusi, Andreu Tobarra, Francesc Hernández, Rafael Xambó y Antonio Santos.
