Las furgonetas del hambre
En Murcia, todos los días laborables hay una cita multitudinaria hacia las seis de la madrugada. La gasolinera de El Rollo, en pleno centro de la capital, es uno de los múltiples puntos de encuentro. Decenas de inmigrantes aparecen como fantasmas apesadumbrados por las calles que convergen en la estación de servicio. Van con ropa deportiva andrajosa, botas sucias y un pequeño atillo colgado del hombro con algunas herramientas y la comida del día. Llegan y se sientan a esperar en los bordillos de las aceras, todavía nocturnas. Magrebíes, a un lado, y ecuatorianos, a otro. Minutos más tarde, decenas de furgonetas paran a repostar y se van llevando a unos y a otros no.
- ¿Adónde vais?
En Jumilla viven 4.000 inmigrantes, que suponen más de un 18% de la población, pero no hay trabajo para todos y ocurre lo que ocurre: que los listos se aprovechan
La figura del 'furgonetero', en lugar de haber sido erradicada tras el accidente de Lorca, que costó la vida a 12 ecuatorianos, se ha convertido en una pieza clave de la explotación laboral
- A trabajar
- Pero ¿adónde?
- No sé dónde nos engancharemos hoy.
En las furgonetas, que parecen haber salido de un desguace, se amontonan entre ocho y diez personas, que se ocultan tras las cortinillas que cubren los cristales. En poco más de media hora ya no queda nadie en El Rollo. Los afortunados que han conseguido subir a algún vehículo recorrerán una media de 100 kilómetros y trabajarán a destajo ese día en alguno de los campos de la región, o incluso de regiones limítrofes, como Albacete, Alicante o Almería. Los demás, los que no fueron escogidos por los furgoneteros, sacarán algo de dinero cuidando coches en aparcamientos de la ciudad. La imagen se repite diariamente y es conocida por cualquier observador.
La figura del furgonetero, conocida en toda España tras el accidente de Lorca del pasado 3 de enero, en el que murieron 12 ecuatorianos, en lugar de haber sido erradicada ha adquirido fuerza y se ha convertido en una pieza clave de la explotación laboral que viven en la comunidad murciana los inmigrantes. Se calcula que son cerca de 100.000, de los que casi la mitad están a la espera de que resuelvan sus expedientes y les den los papeles, y sólo 32.000 están dados de alta en la Seguridad Social, según los últimos datos que la delegación de Gobierno de Murcia entregó a CC OO.
Tres grados de sofisticación
Víctor Albarracín, Manuel González y Francisco Castellanos son furgoneteros y representan los tres grados de sofisticación que ha alcanzado en los últimos años esta actividad, tan espontánea y extendida como irregular. Ellos tres congregan a los inmigrantes enfrente de El Pipa, un antiguo bar de Jumilla, su pueblo natal, a unos 70 kilómetros de la capital. Los conoce desde el tendero hasta el alcalde del municipio, Paco Abellán (PSOE), que asegura estar cansado de denunciar la situación ante la Delegación de Gobierno y ante el presidente de la Comunidad: 'En Jumilla viven 4.000 inmigrantes, que suponen más de un 18% de la población (23.000 habitantes), pero no hay trabajo para todos y ocurre lo que ocurre: que los listos se aprovechan. Hemos pedido que aumente la plantilla de la Guardia Civil, tenemos sólo dos agentes por turno para toda la comarca. Este verano ha habido tres accidentes aquí, en el último, hace 15 días, murió una persona. Y la Inspección de Trabajo no interviene', se queja.
Esta misma situación ha sido denunciada por los sindicatos y por los partidos de la oposición a nivel regional, ya que el fenómeno se extiende por toda la comunidad. Sin embargo, la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Diana Azurmendi, aseguraba: 'No tengo ni idea, porque eso es ilegal'.
Según los datos de la Delegación de Gobierno, desde enero hasta el pasado 19 de octubre han muerto en Murcia 28 inmigrantes en accidentes de tráfico (no se tipifican como accidentes laborales) en los 214 siniestros protagonizados por extranjeros, que se han saldado con 340 heridos de distintas nacionalidades.
'Y no se hace nada. Qué van a hacer si, por un lado, no tramitan las solicitudes de regularización y, por otro, hay una decena de inspectores de trabajo para controlar toda la región', dice Juana Costa, responsable de Inmigración de CC OO en Murcia.
Mientras, y ante la falta de efectividad administrativa, los furgoneteros, como Víctor, Manuel y Francisco, siguen con su negocio impunemente, satisfaciendo las demandas de los empresarios para los que trabajan, ahondando en los sistemas de explotación laboral del siglo XX y potenciando una economía sumergida que, según el último estudio, realizado por la Universidad de Zaragoza, alcanza un 14,6% del PIB en una región con el mayor porcentaje de irregularidad laboral de España (30,3%).
'Yo llevo ahora, que está la cosa floja, cuatro o cinco cuadrillas (grupos de braceros inmigrantes), unas 40 o 50 personas. Tengo dos furgonetas, que he comprado por 400.000 pesetas, y cuando hay más trabajo alquilo más y me las llevan otros compatriotas. Cobro entre 500 y 700 pesetas por persona y viaje. Pero si el jefe me pide sólo cinco, no me interesa, porque saco muy poco', explica abiertamente Víctor, un ecuatoriano de 25 años que hace uno obtuvo el permiso de residencia y que, habiendo trabajado tres años en el campo murciano, tiene el contacto suficiente con empresarios (antiguos jefes) y trabajadores (compatriotas) como para haber montado su propio negocio. Sin embargo, no tiene carnet de conducir español y sus furgonetas están a nombre de Francisco Castellanos, aunque asegura hacerse cargo del seguro. 'Yo también me engacho a trabajar con ellos', agrega, 'y gano lo mío, más lo del transporte, más la gratificación del jefe por conseguirle gente. La mayoría van sin papeles, pero... hay que trabajar y los jefes tienen que recoger', concluye con una sonrisa pícara.
Un llamado servicio agrícola
Manuel, el Chato, es oriundo de Jumilla y ex jornalero. Tiene 34 años, tres hijos y siete furgonetas, además de un par de tractores y algunas tierras. 'Empecé -de furgonetero- porque cuando llegaron los inmigrantes, hace cuatro años, bajaron los jornales (antes, 7.000, ahora, 5.000) y ya no se ganaba en el campo', cuenta nervioso y con la contundencia que le ha reportado los años dedicados a las labores agrícolas. 'Pero yo no les robo ni les cobro el viaje. Tengo un compromiso muy grande con los empresarios. Ellos me pagan el combustible y 200 pesetas por persona que llevo y acordamos que utilizan mi servicio de tractores. Luego, aparte, cada mes me dan la paga de los trabajadores para que la reparta, pero de ese dinero no toco un duro, como hacen otros. Yo estoy dado de alta como servicio agrícola', enfatiza muy digno, utilizando el eufemismo que oculta todo un cúmulo de irregularidades. Él último de los personajes es Francisco, Castellanos, mote y apellido. Es el más famoso en Jumilla. Asegura tener una flota de 14 furgonetas conducidas por ecuatorianos, con o sin carnet, además de fincas que él mismo regenta. Representa el nivel más alto de sofisticación en esta actividad, movilizando a cientos de personas.
El furgonetero se ha convertido así en un intermediario vital entre empresarios y trabajadores, una perversa ETT de última generación reclutadora de braceros vulnerables y ahora también 'ciegos', ya que desconocen los destinos a los que se dirigen cada mañana, tanto como al empresario o empresa para la que trabajan.
Empresarios invisibles
LA FIGURA DEL 'FURGONETERO' ha supuesto la implantación de una relación ciega entre empresarios, que ya no tienen que ir al Inem a pedir mano de obra, y trabajadores. Ya no se conocen ni por el nombre. Los sindicatos y las ONG, a quienes se dirigen los inmigrantes que se atreven a denunciar los abusos, son los que perciben más nítidamente el incremento de la vulnerabilidad del trabajador inmigrante. 'Se han dado casos de inmigrantes heridos en accidentes con furgonetas que no podían denunciar nada porque no sabían ni para quién trabajaban ni a dónde iban el día del siniestro. Ésa es una de las consecuencias del nomadismo laboral vigente', comenta Andrés Pedreño, un profesor universitario de sociología que ha realizado numerosos estudios sobre trabajo e inmigración y que pertenece a la Asociación pro Derechos Humanos de Murcia. Los empresarios, los dueños de las fincas... son, en palabras de unos y otros, una masa indistinta. Paco Gil es uno de sus representantes en la región de Murcia por la patronal COAG. 'No vamos a negar que hay gente que explota la necesidad, pero lo que nos ocurre a nosotros es que en cuanto los regularizan se van, después de habernos gastado 27.000 pesetas en cada uno. No hay forma de retenerlos, por eso queremos que se potencien los contratos en origen. Que vengan, trabajen el tiempo estipulado y se vayan. Nos hemos convertido en rellenapapeles y ya sobran inmigrantes, pero indocumentados. Es un problema que tiene que resolver la Administración', argumenta. 'Eso de que los empresarios quieren ilegales es falso, porque si no... ¿por qué hacen todas esas peticiones?'.
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