Burladero del Gobierno

Los ministros Rato y Montoro comparecerán el lunes ante la comisión de investigación de Gescartera, pero lo harán bajo condiciones diferentes a las de los demás comparecientes. Así lo decidió ayer, invocando un precepto reglamentario de discutible aplicación, la mayoría del PP en dicha comisión. Lo hizo contra el criterio del presidente de la misma, Luis Mardones, partidario de utilizar el formato de preguntas-respuestas seguido hasta ahora, según se acordó expresamente al inicio de sus trabajos, y no el más cómodo previsto en esa norma y que fue el aplicado en anteriores comisiones: exposición oral seguida de intervenciones y preguntas de los grupos a las que responde el ministro.

Resulta paradójico que una comisión de investigación, encargada por definición de dilucidar responsabilidades políticas, cambie el procedimiento indagatorio justamente cuando llega el momento de la verdad: el de indagar las eventuales responsabilidades del Gobierno. El PP trató primero de evitar la investigación ofreciendo crear una subcomisión de estudio. Aceptado que fuera de investigación, se negó luego a que los primeros en comparecer fueran los ministros. Ahora trata de aliviarles el trago aplicando la norma general de las comparecencias ministeriales 'para informar sobre un asunto determinado'.

Es discutible equiparar una de esas comparecencias, que derivan del derecho del Parlamento a 'recabar la información y ayuda que precisen del Gobierno' (artículo 109 de la Constitución), con una comisión de investigación de responsabilidades políticas. En el asunto de Gescartera se trata de determinar si el Gobierno fue responsable, por acción u omisión, en decisiones sin las que no se habría producido la monumental estafa. No tiene lógica que la indagación sobre esas responsabilidades siga procedimientos diferentes a los aplicados al resto de comparecientes.

Otra cosa es que tal vez convenga regular las condiciones de las comparecencias para evitar que se conviertan en remedos de interrogatorios policiales como ha ocurrido en algún caso y ya sucedió en su día con el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio. Pero las garantías deberán ser las mismas para todos. Lo que no tiene sentido es que se haga una excepción en el caso de los ministros, más obligados que un particular a responder en público de sus actuaciones y omisiones.