Una universidad con discoteca

Cargar las tintas con pretensiones ejemplarizantes puede resultar perjudicial, incluso si se trata tan sólo de un párrafo perdido entre los 30 folios de un escrito dirigido hace cuatro años al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que se pide el cierre de una discoteca por incumplir las ordenanzas, entre otras muchas ilegalidades, e incluso a pesar de haber ganado el pleito.

Desde hace siete años, la Universidad Pompeu Fabra (UPF) intenta forzar al Ayuntamiento de Barcelona para que retire la licencia y cierre una discoteca que ocupa los sótanos de los edificios docentes en los que se imparten los estudios de Relaciones laborales e Ingeniería informática en la estación de Francia.

La UPF encargó el caso al abogado Tomàs Pou Viver, que el pasado mes de mayo consiguió que el TSJC anulara la licencia de dicha discoteca, concedida a precario por el Ayuntamiento, pese a que las propias ordenanzas municipales prohíben la presencia de este tipo de locales a menos de 150 metros de escuelas y universidades. La sentencia del TSJC considera probada 'la apreciación de mala fe y temeridad' por parte del consistorio barcelonés. El local permanece abierto dado que la empresa ha recurrido contra la decisión ante el Tribunal Supremo.

La discoteca, que entonces se llamaba Woman Caballero y ahora ha sido rebautizada como Republica under the station, ha tenido otros nombres, como La Vía, Polyester o Fellini, y es propiedad de la empresa Midnight Express, que cuenta entre sus accionistas con el hotelero Jaume Serra y el empresario Antonio Morales. En 1994, cuando se constituyó esta sociedad, también figuraba como accionista el arquitecto Alberto Esquerdo, marido de la actual concejal del distrito de Ciutat Vella, Katy Carreras-Moysi.

Lo que no esperaban ni la universidad ni el abogado Pou es que la edición de Cataluña del diario El Mundo denunciara ayer en su primera página que La UPF pidió el cierre de una discoteca por tener clientes gays, y es que en el escrito del abogado al TSJC figuraban joyas como el argumento de que había que cerrar el local porque 'como es público y notorio, tiene un predominante público de homosexuales, travestíes y géneros similares', razón por la que 'no es legalmente procedente que tales conductas se ofrezcan como modelo a 42.831 estudiantes, y de, entre éstos, a 288 menores'.

La UPF se limitó ayer a hacer pública una nota muy breve y concisa en la que tras reconocer que el escrito 'contiene un párrafo ofensivo para las personas de condición homosexual y travestidos', 'lamenta y desaprueba totalmente dicha frase', 'pide disculpas a los colectivos y las personas que hayan podido sentirse ofendidas' y 'se compromete a establecer y mejorar los procesos internos necesarios para que no se vuelva a producir una circunstancia similar'.

El abogado Pou, por su parte, considera que se ha producido una 'intencionada deformación' de su escrito y asegura que la licencia se impugnó 'sólo porque era ilegal'. Según Pou, nunca se fundamentó el escrito en las actividades de la discoteca, sino en las ilegalidades. 'La sentencia', asegura, 'declara que las ilegalidades son tan graves que condena al Ayuntamiento de Barcelona a pagar los costes, pero sin referirse nunca a las actividades de la discoteca'.

Carreras-Moisy, por su parte, recuerda que ella no era concejal del Ayuntamiento cuando se concedió a la discoteca la licencia a precario y que su marido vendió las acciones de la sociedad Midnight Express hace ya cuatro años. Fuentes del distrito de Ciutat Vella indicaron que esta licencia la concedió directamente la gerencia de Urbanismo.