'La caída demográfica no es una catástrofe'

'La caída demográfica en el mundo desarrollado no es una catástrofe. Pero hay que tomar medidas para afrontarlo', asegura Steward Sutherland, rector de la Universidad de Edimburgo y experto en las repercusiones sociosanitarias que conlleva la creciente esperanza de vida.

Nombrado lord tras presidir la Comisión Real sobre Cuidados de Larga Duración, este escocés nacido en 1941 duda sobre la viabilidad del seguro de dependencia: las compañías no lo consideran un buen negocio. Pero el aumento de los mayores que precisan ayuda es ya una realidad costosa en los países más ricos.

Lord Sutherland of Houndwood está convencido de que los países ricos pueden asumir el coste que genera el aumento de la longevidad. Una de sus facturas principales es la asistencia a los mayores que no pueden valerse por si mismos, la dependencia. Así lo explicó a en una breve visita a Madrid para intervenir, el miércoles pasado, en el Simposio Envejecimiento y Dependencia, organizado por las fundaciones Sanitas y Salud, Innovación, Sociedad (auspiciada por el laboratorio Novartis).

'Las aseguradoras no ven negocio en las pólizas para ancianos en situación de dependencia'

Pregunta. En el mundo más desarrollado caen los nacimientos y aumenta la longevidad ¿Es un panorama insostenible económicamente?

Respuesta. Es una situación asumible. El bajón demográfico no es una catástrofe, pero hay que tomar medidas para afrontarlo. Se debe ajustar el gasto público a la evolución de la población. Creo que eso se hará de forma suave. Se puede retrasar la edad de jubilación y trabajar menos horas durante más años, por ejemplo.

P. ¿El envejecimiento tiene entonces un coste manejable?

R. Sí, siempre que se hagan previsiones a largo plazo y se mantenga la bonanza económica. Se creía que la demanda de cuidados sería infinita y resulta que aumenta más despacio que el crecimiento económico.

P. ¿Cuál es la situación de los cuidados de larga duración a las personas mayores en el Reino Unido?

R. En 1997, año en el que Tony Blair llegó al Gobierno, la Reina nombró una comisión independiente para estudiar el problema. A menudo, los hospitales estaban saturados de enfermos crónicos a los que no se podía dar el alta porque no eran capaces de cuidarse por si mismos. Ese grupo, que me tocó presidir, entregó sus conclusiones en 1999 y sólo Escocia las ha aceptado y puesto en vigor plenamente. Inglaterra ha aceptado algunas y Gales aún no ha decidido.

P. ¿Cuáles eran sus recomendaciones principales?

R. Establecimos que la asistencia sociosanitaria, que se realiza bajo supervisión médica, debe ser gratuita, y lo es. En cambio, admitíamos el copago por parte de los usuarios en otros gastos como la manutención y el alojamiento. También proponíamos una sóla vía de financiación pública, a través de la Administración central. Ahora proviene de ella y de los los ayuntamientos, lo que provoca numerosos problemas.

P. ¿La descentralización administrativa en el Reino Unido provoca diferencias regionales en la asistencia a los ancianos dependientes?

R. Los usuarios reciben la misma atención supervisada por los médicos en todo el Reino Unido. La diferencia está en otros cuidados personales, como la ayuda domiciliaria. En Escocia es gratis y en Inglaterra, no. El Gobierno de Londres estudia cómo acabar con estas diferencias y, posiblemente, serán los tribunales europeos quienes decidan sobre esa desigualdad. Es un desafío legal.

P. ¿El Gobierno central apuesta por el copago de los servicios que requiere la dependencia?

R. Sí. Se tienen en cuenta los ingresos y los bienes de los usuarios a la hora de pasarles la factura. Algunos tienen que vender su casa. Por otra parte, el seguro de dependencia, que serviría para sufragar el gasto de esa situación, también es un problema.

P. ¿Por qué?

R. Porque las compañías de seguros no ofrecen pólizas competitivas, ni siquiera en Estados Unidos. No ven negocio ahí, y sí en el riesgo de los automóviles o de los hogares. Por otra parte, si ese seguro de dependencia fuera voluntario, eso generaría nuevas desigualdades, porque el Estado acabaría asumiendo el gasto que generaran las personas sin póliza.