Isla Mágica, en caída libre

Isla Mágica, el parque temático ubicado en la Isla de la Cartuja, en Sevilla, superó a principios de 2000 su crítica situación económica gracias a la entrada en el accionariado del parque, mediante un aumento de capital, de las dos cajas de ahorro sevillanas, San Fernando y El Monte, y de Unicaja, que se hicieron entre las tres con el 72% de la empresa.

Apenas año y medio después, y por culpa de una gestión desacertada (según reconoce alguno de los accionistas principales), el parque afronta el cierre de la temporada con unas pérdidas de 900 millones de pesetas, un volumen de visitas inferior al esperado y una deuda, financiera en su mayor parte, de más de 8.500 millones, que amenaza con llevar a Isla Mágica al cierre o a la quiebra.

Un informe encargado por la empresa a la consultora Andersen, y entregado a los gestores del parque este mismo mes, señala como conclusión principal que 'la nula rentabilidad del negocio, junto con el volumen de deudas financieras y el importe del canon y las condiciones del contrato de cesión de uso [del terreno] determinan la inviabilidad futura de la sociedad con su actual estructura y negocio y, por consiguiente, la imposibilidad de la continuidad de las operaciones'.

Para evitar la desaparición de Isla Mágica, la consultora propone un paquete de acciones conducentes a sanear la economía de la sociedad y a redefinir sus objetivos. Aún así, Andersen recuerda a los accionistas que, si se deciden a continuar con la actividad del parque, será por razones ajenas a la rentabilidad económico-financiera ya que atendiendo a estas últimas 'no se soportaría efectuar por los accionistas aportación adicional alguna de fondos a la sociedad', según señala el citado informe.

Las propuestas de Andersen giran en torno a la reducción de la deuda financiera (es decir, conseguir que las entidades bancarias acreedoras de Isla Mágica accedan a perdonar al menos el 75% de la deuda ante el riesgo de no cobrar nada); la renegociación de las condiciones de uso de los terrenos, que son propiedad del Estado; una nueva ampliación de capital de, al menos, 2.500 millones de pesetas; y la reducción de costes (de personal, mantenimiento o marketing).

Ante semejante panorama, los gestores del parque no saben qué hacer. Por de pronto, cualquier decisión acerca de la próxima temporada está completamente aparcada. La dirección de Isla Mágica reconoce que mientras no se aclare esta situación no pueden ni plantearse una serie de proyectos de ampliación y nuevas atracciones que tenían en mente.

Los accionistas principales, las tres cajas de ahorros, a los que corresponde la decisión de apostar de nuevo por Isla Mágica o dar el carpetazo definitivo a un negocio ruinoso, no parecen muy decididas a salvar el parque.

La actitud de las dos entidades sevillanas es una incógnita. Pese a que sería natural que ambas luchasen hasta el final por la viabilidad de un proyecto rentable para la economía de la ciudad, su situación actual, en pleno proceso electoral y con sus presidentes enfrentados a Junta y Ayuntamiento, hace dudosa su decisión. Unicaja, por su parte, prefiere atender a criterios exclusivamente económicos, por lo que la entidad es reticente a invertir más.

A los únicos a los que parece interesar de verdad la continuidad del parque es a los trabajadores y al Ayuntamiento de Sevilla. El Consistorio muestra su mejor disposición a respaldar la viabilidad del proyecto y facilitarle el abono de tributos locales pues, según cálculos del área de Economía, Isla Mágica tiene una repercusión de 6.000 millones de pesetas anuales en el sector turístico de la ciudad. Los empleados, que fueron los que más se sacrificaron hace año y medio y que vuelven a ver amenazados sus puestos, ya han anunciado movilizaciones.