El fiscal solicita el archivo del caso del juez de vigilancia

El fiscal jefe, Enrique Beltrán, comunicó ayer su decisión de solicitar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el sobreseimiento en el caso Alberola. El fiscal jefe, que se reunió hace poco más de una semana con los fiscales coordinadores para abordar la calificación en el procedimiento abreviado por supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos por parte del juez de vigilancia penitenciaria de Castellón y Valencia, Ernesto Alberola, ha entendido que no hay razones para que avance la investigación.

El fiscal jefe, Enrique Beltrán, tardó poco más de una semana en comunicar al magistrado juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ su decisión sobre el caso Alberola tras la reunión con los cinco fiscales coordinadores. Con fecha del pasado día 13, Beltrán cursó la petición de sobreseimiento del procedimiento abreviado que sigue la sala del TSJ sobre supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos del juez de vigilancia penitenciaria de Castellón y Valencia, Ernesto Alberola.

El fiscal jefe, como consta en un comunicado hecho público ayer, tenía en su mano la decisión. 'Al no haber acusación particular ni popular, quedaba de mi absoluta incumbencia formular acta de acusación, pedir el sobreseimiento o, excepcionalmente, nuevas pruebas', explicó Beltrán. El fiscal jefe convocó la junta de coordinadores y, como explica en la nota, logró el acuerdo unánime al criterio por él defendido. Tras ese acuerdo, y según el propio Beltrán, no era necesario consultar con el fiscal general del Estado. 'No obstante, y para mejor actuar, tuve con él un cambio de impresiones en el que, explicado por mí lo actuado y hechas por él las preguntas que creyó oportunas, confirmó mi criterio', señaló Enrique Beltrán.

Por tanto, el fiscal jefe ha logrado el apoyo de los fiscales hasta el más alto nivel a su petición de sobreseimiento del procedimiento abreviado del que es objeto el juez de vigilancia penitenciaria de Castellón y Valencia. La decisión está ahora en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, en cuyo seno se produjo ya un voto particular sobre el auto de suspensión de empleo dictado contra el juez Alberola.

Ernesto Alberola se mostró ayer cauto pero satisfecho al conocer la noticia. 'Me alegra saber cuál ha sido la decisión del fiscal. Eso demuestra que, como siempre he dicho, nunca ha habido razones para procesarme. He hecho mi trabajo conforme a la legalidad vigente. He aplicado siempre el criterio más favorable al penado con lo que la actual normativa permite'.

Alberola, que confía en que el TSJ acepte la petición del fiscal y la decisión última sea la de sobreseimiento del caso, recuerda que aún está pendiente 'desde hace ya años y tras pasar todos los exámenes preceptivos, una nueva ley procesal que marque exactamente en qué condiciones específicas y concretas debe o no concederse una progresión de grado o permisos'. Además, el titular del juzgado de Vigilancia de Castellón y Valencia recordó ayer al conocer la decisión del fiscal jefe que 'en ningún otro juzgado de vigilancia penitenciaria de España ocurre que el fiscal de vigilancia penitenciaria recurra absolutamente todo, como pasa aquí'.

El TSJ debe ahora pronunciarse sobre el caso tras la decisión del fiscal. Y debe también responder al recurso presentado por el letrado del magistrado contra el auto que a primeros de septiembre pasado, y con un voto particular, le suspendió de empleo. 'Probablemente si la sala asume el criterio del fiscal, y dado que la suspensión se deriva de un proceso penal, no haga falta un pronunciamiento explícito', indicó el juez.

Ernesto Alberola era investigado desde primeros de año por un supuesto delito de prevaricación y revelación de secretos que se inició a raíz de unas escuchas telefónicas en la investigación sobre un crimen en una fundición de Alaquàs. El TSJ comunicó al juez el auto por el que se iniciaban diligencias previas la pasada primavera. Poco después, esas diligencias previas se convirtieron en procedimiento abreviado -lo que hizo pensar que existían indicios suficientes de la comisión de irregularidades como para seguir adelante con la investigación-. Con una división clara en el seno de la Sala, el proceso avanzó hasta que a primeros del pasado mes de septiembre el fiscal encargado del caso solicitó una serie de pruebas que le fueron negadas. Ello motivó que el fiscal elevara un recurso. Y fue entonces cuando consiguió que esas pruebas, fundamentalmente testimoniales, se aceptaran.

En el procedimiento han declarado, entre otros, los funcionarios del juzgado de vigilancia penitenciaria que trabajan con Ernesto Alberola, dos presos de la cárcel de Picassent, una docena de abogados -algunos de ellos ligados a la defensa habitual de narcotraficantes- y otros profesionales de la carrera judicial. Las pruebas obtenidas no son, según el fiscal jefe, suficientes para imputar a Ernesto Alberola.