CC OO cree que el PP facilitará el despido colectivo con la Ley Concursal

Comisiones Obreras (CC OO) considera que la futura Ley Concursal que prepara el Gobierno constituye 'una agresión muy superior a todas las anteriores a los derechos laborales y económicos de los asalariados'. Un informe realizado por este sindicato sobre el anteproyecto de ley aprobado en septiembre destaca la supresión de la autorización administrativa para el despido colectivo, la sustitución de los jueces de lo social por jueces civiles especializados en derecho mercantil para decidir cuestiones laborales y las dificultades de los trabajadores para cobrar sus deudas a empresas en crisis, entre otras cuestiones.

El sindicato interpreta la futura ley como una herramienta que el Gobierno pone en manos de las empresas 'ante la inminencia de la recesión económica, cuando se están produciendo importantes despidos colectivos y cierres de empresas, por lo que la crisis que se anuncia será afrontada a costa de facilitar el despido, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la degradación de los instrumentos legales que tienen los trabajadores para hacer efectivas las deudas laborales'.

Las conclusiones del documento de CC OO resaltan que la futura Ley Concursal 'suprime la autorización administrativa para el despido colectivo, el cual se podrá adoptar sin necesidad de que la empresa cierre ni se encuentre técnicamente en estado legal de quiebra, y sin que tampoco se apliquen las garantías del Estatuto de los Trabajadores'.

Modificaciones

Así, de prosperar el actual anteproyecto de ley, una vez declarado el concurso, por insolvencia u otros motivos, se podrán modificar las condiciones de trabajo, jornada, horario, salario, sistema retributivo, traslados y cambios de funciones profesionales 'al margen de las garantías del Estatuto de los Trabajadores y sin posibilidad de que el trabajador pueda recibir compensación alguna en caso de ocasionársele perjuicios e imponérsele el abandono del puesto de trabajo'.

El artículo 63 del anteproyecto concede al juez del concurso atribuciones para acordar la extinción, suspensión o modificación colectiva de las condiciones de trabajo, sin aplicación de lo establecido en la legislación laboral, incluido el actual derecho del trabajador a rescindir el contrato con indemnización.

Especial importancia atribuye CC OO a la imposibilidad que el anteproyecto establece de que los asalariados reclamen ante el juzgado de lo social, 'como juez natural de trabajadores y empresarios en los conflictos laborales', puesto que la decisión formal la adopta el juez civil del concurso. Así lo impone el artículo 7 del anteproyecto de ley cuando declara que 'la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente', entre otras materias, en 'todas las acciones civiles y sociales con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el concursado'.

El informe de CC OO añade que dicha competencia, además de suprimir la de los juzgados de lo social siempre que la empresa esté sujeta a un proceso concursal, deja en realidad las decisiones judiciales 'en manos de los interventores judiciales (...) tradicionalmente vinculados a los bancos y grandes despachos asesores de los intereses empresariales, cuya opinión será la que recoja el juez del concurso, de acuerdo con los usos y costumbres en estos procedimientos'.

El informe evalúa el cambio de juez como una 'degradación del papel de la justicia' e insiste en que 'la reforma no se percata de la necesidad de un conocimiento especializado por los titulares de los órganos jurisdiccionales de un ordenamiento como el laboral, impregnado de un conjunto de instituciones específicas, radicalmente diferentes de las que son propias de otros ámbitos como el derecho civil o mercantil'. El sindicato cree que es un error la supresión del derecho de ejecución separada para los créditos laborales.

Críticas

Comisiones critica que el anteproyecto también hace desaparecer el 'derecho de ejecución separada que vienen gozando los créditos laborales para permanecer al margen del concurso', sin que la jurisdicción social pueda seguir conociendo de las acciones contra la empresa afectada por un procedimiento concursal.

El sindicato denuncia que el Gobierno ha eludido el debate social sobre el contenido de su anteproyecto, 'en un clima de secretismo' que lo ha ocultado no sólo a los interlocutores sociales, sino incluso al Consejo Económico y Social, 'a pesar de su evidente trascendencia económica y social'. El anteproyecto ha sido remitido, en cambio, al Consejo de Estado.