El Ayuntamiento notificará con urgencia a la Comunidad las denuncias sobre residencias ilegales

El Ayuntamiento de Madrid anunció ayer que va a extremar las precauciones para evitar la proliferación de residencias piratas de ancianos en la capital. Para conseguirlo, Beatriz Elorriaga, concejal de Servicios Sociales, pedirá a las 21 juntas municipales de distrito que notifiquen 'con carácter de urgencia' cualquier denuncia para que la Comunidad pueda adoptar medidas.

Esta decisión llega después de que el pasado domingo se descubriera la existencia de una residencia ilegal en la calle de Gaztambide, 61 (Chamberí), al tirarse una anciana por una ventana del tercer piso. Una patrulla de la Policía Municipal acudió a auxiliarla y descubrió que la mujer, de 94 años, vivía junto a siete ancianos más en un piso que carecía de las licencias necesarias para convertirse en residencia, una situación irregular que ya habían denunciado ante la junta de distrito de Chamberí los vecinos del inmueble hace cinco meses, el 17 de mayo.

Un portavoz del Ayuntamiento aseguró que, tras la denuncia de mayo, agentes de la Policía Municipal acudieron al piso y comprobaron que la propietaria de la residencia, Ángela María Hernández, no disponía de las licencias necesarias para mantener abierto el centro. Según este portavoz, aunque se comprobó la ilegalidad de la residencia, el Consistorio archivó la denuncia.

Sin embargo, el edil de IU Ángel Lara acusó ayer al gobierno local de mentir sobre el procedimiento que siguió en el caso de la residencia de la calle de Gaztambide. 'No es cierto que la Junta Municipal de Chamberí', sostiene Lara, 'enviase a la Policía Municipal tras la denuncia interpuesta por los vecinos del inmueble el 17 de mayo pasado'.

'Los agentes', añade el concejal de IU Ángel Lara, 'no acudieron al lugar para comprobar la denuncia vecinal hasta el pasado 8 de octubre, casi cinco meses después de la denuncia y un día después de saberse que una anciana se había caído por la ventana del centro'. Lara subraya que este dato figura en una nota de servicio interior de la Junta de Chamberí y, además, le ha sido confirmado desde la propia junta.

Luis Asúa, concejal del distrito de Chamberí, recordó que el Consistorio no tiene competencias ni en la inspección ni en la regulación de funcionamientos de las residencias de la tercera edad. Pero se comprometió a enviar con carácter de urgencia cualquier denuncia que llegue hasta la Junta Municipal de Distrito.

Asúa hizo hincapié en la dificultad que supone localizar estos centros que funcionan de forma ilegal. El concejal advirtió de que, aunque exista una denuncia, es necesaria una orden judicial para actuar. En el caso de la residencia pirata de la calle de Gaztambide, los vecinos denunciaron, la policía acudió, pero no se pidió la intervencción judicial ni se notificó los sucedido a la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Asúa explicó ayer que la juntas municipales de distrito reciben miles de denuncias, 'lo que a veces dificulta detectar la gravedad del problema'.

La decisión de agilizar la colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Servicios Sociales tiene como objetivo, según los responsables del gobierno municipal, 'dar un tratamiento urgente a aquellas denuncias que afecten a personas, especialmente ancianos y niños'. El Ayuntamiento ha mostrado 'su preocupación' por el hecho de que pudieran proliferar este tipo de negocios.