Un juez autoriza la reapertura del módulo del reformatorio que clausuró por 'inhabitable'

El juez de Madrid que cerró 'por inhabitable' el módulo cero del reformatorio El Pinar ha dado autorización a la Comunidad, su propietaria, para que lo reabra y acometa en él las obras que garanticen a los menores una estancia digna. Este módulo, que los internos denominan celda de aislamiento, fue clausurado el pasado 11 de septiembre tras recibir el citado juez una querella de la Fiscalía de Menores en la que ésta denunciaba las deplorables condiciones de esa instalación y, paralelamente, imputaba a los responsables de El Pinar supuestas torturas contra menores.

La autorización para reabrir el citado módulo cero concierne en exclusiva a la ejecución de las obras: de momento, excluye la posibilidad de alojar en él a menores. Este módulo dispone de cinco habitaciones dobles, que pueden albergar a diez jóvenes. El juez ha autorizado su reapertura mediante un auto y en el marco de las diligencias que desarrolla por la querella que interpuso la fiscalía contra los responsables del centro y tres de sus guardias de seguridad por supuestas torturas. De momento, el magistrado está centrando sus pesquisas en el interrogatorio de los guardias de seguridad imputados, según fuentes de la investigación.

Esperanza García, directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), confirmó ayer que su departamento, que depende de la Consejería de Servicios Sociales, ha recibido una notificación judicial para reabrir el citado módulo y acondicionarlo. 'Estaba deteriorado. Algunos chicos -los hay de hasta 23 años- se ponen a veces nerviosos y rompen enseres, ventanas, puertas, cristales, sillas,...', reseña García. 'Pero eso es algo que ocurre en este tipo de centros', apostilla.

Inversiones continuas

Acondicionar El Pinar (sus instalaciones albergaron hasta el pasado enero un centro escolar) costó a la Comunidad de Madrid 180 millones de pesetas. Y las inversiones para reparar los desperfectos que surgen han sido continuas desde que entró en funcionamiento, según García. Una vez concluyan las obras del módulo, el juez dispondrá si permite de nuevo que accedan a él menores.

El Pinar, que dispone de cuatro módulos y que ahora alberga a 30 internos, entró en funcionamiento en enero pasado al socaire de la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Con él son ya cuatro los reformatorios que hay en Madrid. La polémica ha acompañado a este centro desde su nacimiento. La Comunidad adjudicó su gestión a la empresa privada Cicerón. La seguridad está en manos de Levantina de Seguridad, contratada por Cicerón.

Los fiscales se han opuesto desde el principio a que una empresa privada gestione un centro de menores, por entender que la tarea de reeducar a jóvenes conflictivos debe recaer en profesionales avezados. Precisamente, la querella por supuesto maltratato contra menores afecta a tres guardias de seguridad de la citada empresa. El fiscal les imputa un exceso de rigor en sus actuaciones para contener a los jóvenes conflictivos. En los dos últimos años son casi 200 las denuncias presentadas contra la citada empresa (la mayoría, por agresiones). El PSOE ha pedido a la Comunidad que rescinda el contrato a Cicerón cuando expire el plazo contractual.

Desde que rige la nueva Ley Penal del Menor, que eleva la edad penal de 16 a 18 años y que incluso ampara a chicos de hasta 21 años que cometen su primer delito, los fiscales no dan abasto con el trabajo, según fuentes jurídicas.

Doce fiscales

La Sección de Menores dispone en la actualidad de 12 fiscales. Ante la entrada en vigor de la nueva normativa, el Ministerio de Justicia previó un incremento de trabajo para los fiscales y aumentó la plantilla de cinco a 12. Pero su previsión -460 expedientes de menores por cada fiscal y año- se ha quedado corta. Cuando termine el año, a cada fiscal le habrán correspondido 922 expedientes. Los 5.520 asuntos que se calcularon para toda la sección serán en realidad 11.164.

Otra de las previsiones era que cada fiscal tuviese como apoyo a tres funcionarios. Ahora mismo sólo hay un funcionario por cada fiscal. El incremento de expedientes, el doble de los previstos, ha obligado a los fiscales a crear servicios comunes y a dotarlos con funcionarios asignados antes a ellos.

Entre los delitos más comunes perpetrados por menores en Madrid destacan los robos con intimidación, si bien hay dos menores internados ahora en El Pinar por sendos delitos de homicidio.