La junta de fiscales deja en manos de Beltrán la decisión sobre la apertura de juicio al juez Alberola

La junta de fiscales coordinadores se reunió el pasado viernes para abordar el caso de Ernesto Alberola, juez de vigilancia penitenciaria al que se investiga por supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos y al que el TSJ ha suspendido de empleo -medida en suspenso hasta que se resuelva el recurso presentado por el afectado-. La junta de coordinadores, compuesta por los cinco fiscales de las secciones de penal, el teniente fiscal y el fiscal jefe, estudió las pruebas existentes hasta ahora para decidir sobre la apertura de juicio oral contra el juez de vigilancia penitencia de Castellón y Valencia.

El fiscal jefe, Enrique Beltrán, confirmó ayer que la decisión sobre la calificación en el procedimiento abreviado está en sus manos y que una vez haya tomado una decisión la comunicará al fiscal que lleva el caso.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, miembro del tribunal de la Sala de lo Civil y Penal que sigue el caso Alberola, confirmó ayer que el magistrado investigado se mantiene en activo hasta que se resuelva en uno u otro sentido el recurso presentado contra el auto de suspensión de empleo que, con un voto particular, dictó la sala. Y añadió: 'En este momento se siguen los trámites ordinarios y cuando se acaben, se resolverá'.

La decisión sobre la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la petición de otras diligencias se producirá, según fuentes de la fiscalía en pocos días. Fuentes de la carrera judicial próximas al caso explicaron ayer que 'lo más probable es que el fiscal dicte la apertura del juicio oral, sería muy difícil que decidiera sobreseer el caso'.

Ernesto Alberola continúa en su despacho del edificio de los juzgados en la calle de Navarro Reverter de Valencia. El magistrado, quien niega cualquier acusación de prevaricación y revelación de secretos, está ahora pendiente del resultado del recurso presentado contra el auto dictado por TSJ en el que se le suspende de empleo y del pronunciamiento del ministerio fiscal una vez realizadas las investigaciones oportunas.