El Gobierno central frustra por su 'ilegalidad' el primer impuesto por verter la basura

La puesta en marcha del primer impuesto por depositar la basura en los vertederos se ha frustrado. El Gobierno central ha desestimado la intención de la Diputación vizcaína por su inviabilidad legal 'ya que no se puede cobrar dos veces por lo mismo', justifica el juntero del PP Arturo Aldecoa. El PNV, que solicitó a principios de año la elaboración de una ley que regulase este tributo dado que no es competencia del País Vasco, censura la paralización de esta iniciativa y culpa al Gobierno central de incumplir la directiva europea que obliga a costear los gastos de los vertederos.

La Diputación lanzó en 1999 la implantación de este impuesto novedoso en España, aunque existe en varios países europeos: en Francia se pagan 1.000 pesetas por tonelada; en el Reino Unido, 1.600 y en Holanda y Dinamarca se alcanzan las 5.000 pesetas en concepto de tonelada depositada. El planteamiento foral era que la tasa debería ser abonada por los ayuntamientos, hosteleros, grandes centros de distribución y otros sectores, como los comedores escolares y de empresa. Se sumaría a la habitual tasa de basura que pagan los vecinos a sus ayuntamientos. La diferencia estriba en que ésta grava la recogida y eliminación de desechos y el nuevo impuesto actuaría sobre la mera realización del depósito en un vertedero.

El objetivo buscado es reducir el ingente volumen de basura, que en Vizcaya ronda el millón de toneladas entre la bolsa doméstica, los desechos de la industria o el comercio y los inertes. Y cumplir una directiva de la UE, que establece la reducción gradual del depósito en vertederos y la incorporación a los usuarios de los gastos que supone su mantenimiento, que ahora son deficitarios para las administraciones. Las inversiones calculadas por la Diputación vizcaína para adaptarse a la normativa europea rondan los 4.800 millones en sus cuatro vertederos.

El Departamento foral de Medio Ambiente, que hablaba de establecer una tasa de 1.181 pesetas por año por vizcaíno, pretendía regular este impuesto en una ley foral y se basó en estudios que avalaban la legalidad del nuevo impuesto. Pero, ante la probabilidad de que tanto particulares como el Ejecutivo central presentaran recursos en los tribunales, se optó por pedir al Gobierno de Madrid que lo tramitase.

El grupo del PNV en el Congreso presentó una proposición en enero, pero no ha sido tramitada. 'No lo han calificado hasta ahora', señala el diputado nacionalista Juan José Otxoa de Eribe. Asegura que el PP ha paralizado la iniciativa y ante ello, el pasado 19 de septiembre, el PNV presentó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que incorpore en el plazo de tres meses la directiva europea sobre residuos, cuyo plazo de trasposición concluye en julio de 2002.

El PP confirma que la iniciativa 'está aparcada' por su 'ilegalidad'. 'No se puede pretender cobrar dos veces por lo mismo. Sólo con las tasas municipales se puede hacer frente a los gastos de los vertederos', señala su juntero Arturo Aldecoa. Los populares plantean repercutir todos los costos en las tasas municipales de basura, ya que la creación de un nuevo impuesto 'no es viable, porque vulnera el Concierto y no está claro el hecho imponible. Este impuesto, tal y como está planteado, no es viable. Estamos dispuestos a hablar todo lo que sea, pero así no se puede realizar', concluye.

La Diputación calculaba obtener casi 1.000 millones anuales con este nuevo impuesto, que irían a un fondo ambiental, destinado sólo a este fin, como la promoción del reciclaje y la reutilización o recuperación de vertederos incontrolados. Hace un año, Medio Ambiente presentó una encuesta de opinión en la que el 59% de los encuestados apoyaba la creación de la nueva tasa por su efectividad en la recogida selectiva de residuos.