El TSJ suspende de empleo al juez de vigilancia penitenciaria investigado por prevaricación
El magistrado continúa en su despacho porque ha presentado un recurso contra la medida
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dictado auto, con un voto particular, por el que suspende de empleo al juez de vigilancia penitenciaria de Castellón y Valencia, Ernesto Alberola. La medida ha quedado sin efecto al presentar el letrado que defiende al magistrado un recurso contra la misma. El sumario sobre Ernesto Alberola, ya como procedimiento abreviado, está pendiente de que se decrete la apertura de juicio oral, su sobreseimiento o bien la petición de diligencias complementarias, trámite que debe cumplir el fiscal adscrito al caso.
Ernesto Alberola, juez de vigilancia penitenciaria de Castellón y Valencia, ha frenado el auto en el que se le suspendía de empleo presentando un recurso pendiente ahora de resolverse, según fuentes del caso. La decisión del tribunal de la sala de lo Civil y Penal del TSJ no fue unánime ya que hubo un voto particular. La suspensión fue adoptada en virtud de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 383, donde se recoge que la suspensión de los jueces y magistrados sólo tendrá lugar cuando se hubiera considerado que procede actuar contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, entre otras cosas. El juez Alberola se enfrenta a supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos, los más graves que puede cometer un magistrado en el ejercicio de la administración de justicia.
Ernesto Alberola se enfrenta al delito de prevaricación por otorgar, supuestamente, permisos carcelarios y cambios de grado a sabiendas de que eran injustos. Esta tesis está avalada por el hecho de que la inmensa mayoría de las decisiones tomadas por Alberola eran inmediatamente recurridas por el fiscal de vigilancia penitenciaria y finalmente resueltas en contra del reo.
El juez de vigilancia penitenciaria niega la comisión de cualquier delito y explica los sistemáticos recursos del fiscal por una diferencia en la aplicación de las penas. Alberola entiende, y así lo manifiesta, que la inserción es más efectiva y que debe hacerse cuanto antes. El fiscal, en cambio, considera que muchos de las decisiones no se ajustan a derecho.
El hecho de que no haya habido unanimidad en la decisión de la suspensión de empleo ahora recurrida obedece a una diferencia de criterio en el seno del tribunal. El voto particular se fundamentó, según fuentes del caso, en considerar que una medida de esa trascendencia no procede adoptarla hasta que no haya calificado el Ministerio Fiscal y se decrete apertura de juicio oral siempre que no decida sobreseer la causa. Pero el hecho de que el resto del tribunal sí suscribiera apartar al juez del desempeño de sus funciones responde, según las mismas fuentes, a que entiende que hay indicios suficientes como para suspenderle de empleo.
La decisión está ahora en manos del fiscal. A primeros de septiembre el representante del Ministerio Fiscal, según confirmó el propio juez de vigilancia penitenciaria, solicitó al tribunal del TSJ la práctica de una serie de pruebas (fundamentalmente referidas a la aportación de nuevos testimonios) que le fueron denegadas. El fiscal del caso recurrió en reforma y el tribunal accedió, entonces sí, a que se practicaran dichas pruebas. Al mismo tiempo, otro auto convirtió el caso en procedimiento abreviado. Esta decisión, y no la de archivo, supone también que existen indicios suficientes como para seguir adelante con el caso.
De momento, al menos una veintena de personas han declarado por esta causa. Entre ellos se encuentran los funcionarios del juzgado de vigilancia penitenciaria, y así lo confirma su de momento titular, varios abogados de los que habitualmente tramitan solicitudes de permisos y cambios de grado, y dos presos de la cárcel de Picassent. Uno de los que se consideraba testigo fundamental en el caso y que se encontraba huido de la justicia en paradero desconocido, implicado en la muerte de un hombre en la fundición Arribas de Alaquàs y cuyas escuchas telefónicas en la investigación del crimen sirvieron para iniciar el caso Alberola, está ya en prisión y se le ha tomado declaración.
Ernesto Alberola se mantiene en su puesto en espera del resultado del recurso formulado por su abogado contra la decisión de suspenderle de sus funciones. Aunque la mayoría de las solicitudes que le llegan recibe una negativa por respuesta, mantiene invariable su agenda de visitas a los centros penitenciarios de Castellón y Valencia.
