El prestigio de la CNMV

Se ha escrito, con motivo del nombramiento del nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que una de las tareas descollantes que éste tiene que afrontar sin demora es recuperar el prestigio del organismo público que encabeza.

El prestigio es ingrato: cuesta enormidad ganarlo, se pierde como el agua entre los dedos de la mano. Forzoso es reconocer que, a pesar de esfuerzos y personas cabales que han estado y están en ella, el prestigio de la entidad pública que nos ocupa se ha deshilachado a raíz de los acontecimientos que abruman desde el mes de julio; el poder que acumula la CNMV en forma de importantes competencias está falto de la autoridad que facilita el ejercicio suave y el respeto espontáneo por los administrados. Creo con firmeza, pues, que misión básica de la nueva etapa que puede abrirse con el nombramiento de días pasados es la de recomponer el prestigio herido de la CNMV.

Constituiría, sin embargo, un erróneo enfoque del problema si tan crucial labor se hiciera recaer exclusivamente sobre los hombros del nuevo presidente. Es de tanta complejidad el problema que tenemos delante que en su cumplimiento han de empeñarse también instituciones distintas de la propia CNMV y han de ser hilvanados muchos hilos que escapan a las posibilidades directas del ahora situado al frente del organismo supervisor de los mercados financieros españoles.

A las Cortes Generales y al Gobierno de la nación incumbe una gran responsabilidad en la insoslayable recuperación del prestigio del organismo supervisor. En los tres últimos lustros hemos asistido al nacimiento de entidades públicas en forma de agencias funcionalmente independientes de la Administración del Estado para regular ciertos sectores que, por sus especialidades, así lo requieran, sin que de este paso se hayan extraído todas las consecuencias, por lo que el proceso ha quedado a medio camino; tal es el caso de la CNMV. En efecto, la experiencia me dice y los datos comparativos lo proclaman que, para la abrumadora misión que afronta (supervisión de los avanzados mercados financieros españoles), la CNMV carece a veces de los instrumentos jurídicos necesarios (procedimientos y facultades), de los medios personales proporcionados y de los materiales imprescindibles. En estos días, un amigo, al que creo, me contaba que un fiscal norteamericano relacionado directamente con la actividad de un despuntante mercado financiero de este país le comentaba, tras conocer nuestra situación, lo raquíticos que éramos en los terrenos a los que me he referido. Ahora bien, la superación de tales deficiencias es algo en lo que nuestro organismo supervisor no puede quedar solo, ya que de por sí no tiene cauces para digerirlo. El encaramiento directo de los problemas jurídicos y presupuestarios a los que aludo es responsabilidad directa del Legislativo y del Ejecutivo, en cuyo desarrollo puede tener cabida un impulso inicial de la CNMV, pero sin que ésta tenga ni la última ni la definitiva palabra en ello.

En este sentido, la Administración General del Estado, los ministerios competentes por debajo del Gobierno, ha de ser consciente y extraer de ello las consecuencias oportunas, en materia económica y de personal, de las justificadas particularidades de la CNMV; ha de poner fin a que, como ha ocurrido en más de una oportunidad, la cicatería y el tratamiento uniformizador desemboquen en una CNMV infradotada con respecto a lo que se le viene encima.

Pero lo que sí es de directa incumbencia de la CNMV es la definición clara de la forma de organización interna y procedimientos de formación de su voluntad. Aunque también aquí disposiciones más allá de las que puede dictar el organismo supervisor tienen que pronunciarse, la delimitación precisa del papel del presidente con respecto a los consejeros, las relaciones entre ellos, el cometido de los consejeros de dedicación completa, las relaciones de los anteriores con los elementos directivos profesionales, todo esto constituye una tela de araña donde algún que otro problema de los abrasivos hoy ha quedado prendido, que, al enturbiar, a mi juicio, el buen funcionamiento del organismo supervisor, ha de ser desenredada sin espera. Incumbencia exclusiva de la CNMV es, sin embargo, el aligeramiento y adaptación proporcionada a las circunstancias reales de los distintos procedimientos de supervisión, que con más frecuencia que la aconsejable atenazan de modo excesivo y perjudican el normal desenvolvimiento de las cosas.

Para alcanzar las metas apuntadas habrá que combinar adecuadamente cauces legislativos, otros exclusivos del Gobierno y, por fin, los internos de la propia CNMV. Como en muchos supuestos la primera piedra la tienen que poner las Cortes Generales, la premura y el interés general, condensado aquí en la buena marcha de los mercados financieros españoles, aconsejan aprovechar la oportunidad que hasta fin de año brinda la llamada ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2002, la cual tiene que, según veo el panorama, hacerse eco de los problemas que están en la mente de todos y de las sugerencias que le puedan llegar desde otras fuentes parlamentarias actualmente en funcionamiento.

Con ser lo que esbozo trabajo casi ciclópeo, quizá la medida más decisiva para la imperiosa recuperación del prestigio de la CNMV sea que lo relacionado con este organismo vaya abandonando paulatinamente el epicentro del debate político donde ahora se encuentra zambullido. Nada más contraproducente para una entidad que tiene que desplegar su labor acolchada por el silencio y la discreción que las circunstancias conduzcan a que se diluciden en su campo agudas diferencias políticas. Pero el, me parece, imprescindible acalmamiento de la tensión política recayente en la CNMV no puede ser fruto de la sordina impuesta, cosa que, por otro lado, tal como están las cosas, se me antoja casi imposible, sino del acierto en las medidas legislativas y de otra naturaleza que se vayan adoptando, así como en el método con el que se vayan abordando. Éste es, en efecto, un terreno donde, conforme vaya escampando la tormenta actual e incluso para ayudar a que escampe, el consenso entre los grandes partidos políticos debería ir cuajando. En suma, la recuperación del prestigio de la CNMV es tarea insoslayable en el tiempo que se avecina. El intenso grado de desarrollo del sistema financiero español y de sus mercados reclama un organismo supervisor a su altura.Se ha escrito, con motivo del nombramiento del nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que una de las tareas descollantes que éste tiene que afrontar sin demora es recuperar el prestigio del organismo público que encabeza.

El prestigio es ingrato: cuesta enormidad ganarlo, se pierde como el agua entre los dedos de la mano. Forzoso es reconocer que, a pesar de esfuerzos y personas cabales que han estado y están en ella, el prestigio de la entidad pública que nos ocupa se ha deshilachado a raíz de los acontecimientos que abruman desde el mes de julio; el poder que acumula la CNMV en forma de importantes competencias está falto de la autoridad que facilita el ejercicio suave y el respeto espontáneo por los administrados. Creo con firmeza, pues, que misión básica de la nueva etapa que puede abrirse con el nombramiento de días pasados es la de recomponer el prestigio herido de la CNMV.

Constituiría, sin embargo, un erróneo enfoque del problema si tan crucial labor se hiciera recaer exclusivamente sobre los hombros del nuevo presidente. Es de tanta complejidad el problema que tenemos delante que en su cumplimiento han de empeñarse también instituciones distintas de la propia CNMV y han de ser hilvanados muchos hilos que escapan a las posibilidades directas del ahora situado al frente del organismo supervisor de los mercados financieros españoles.

A las Cortes Generales y al Gobierno de la nación incumbe una gran responsabilidad en la insoslayable recuperación del prestigio del organismo supervisor. En los tres últimos lustros hemos asistido al nacimiento de entidades públicas en forma de agencias funcionalmente independientes de la Administración del Estado para regular ciertos sectores que, por sus especialidades, así lo requieran, sin que de este paso se hayan extraído todas las consecuencias, por lo que el proceso ha quedado a medio camino; tal es el caso de la CNMV. En efecto, la experiencia me dice y los datos comparativos lo proclaman que, para la abrumadora misión que afronta (supervisión de los avanzados mercados financieros españoles), la CNMV carece a veces de los instrumentos jurídicos necesarios (procedimientos y facultades), de los medios personales proporcionados y de los materiales imprescindibles. En estos días, un amigo, al que creo, me contaba que un fiscal norteamericano relacionado directamente con la actividad de un despuntante mercado financiero de este país le comentaba, tras conocer nuestra situación, lo raquíticos que éramos en los terrenos a los que me he referido. Ahora bien, la superación de tales deficiencias es algo en lo que nuestro organismo supervisor no puede quedar solo, ya que de por sí no tiene cauces para digerirlo. El encaramiento directo de los problemas jurídicos y presupuestarios a los que aludo es responsabilidad directa del Legislativo y del Ejecutivo, en cuyo desarrollo puede tener cabida un impulso inicial de la CNMV, pero sin que ésta tenga ni la última ni la definitiva palabra en ello.

En este sentido, la Administración General del Estado, los ministerios competentes por debajo del Gobierno, ha de ser consciente y extraer de ello las consecuencias oportunas, en materia económica y de personal, de las justificadas particularidades de la CNMV; ha de poner fin a que, como ha ocurrido en más de una oportunidad, la cicatería y el tratamiento uniformizador desemboquen en una CNMV infradotada con respecto a lo que se le viene encima.

Pero lo que sí es de directa incumbencia de la CNMV es la definición clara de la forma de organización interna y procedimientos de formación de su voluntad. Aunque también aquí disposiciones más allá de las que puede dictar el organismo supervisor tienen que pronunciarse, la delimitación precisa del papel del presidente con respecto a los consejeros, las relaciones entre ellos, el cometido de los consejeros de dedicación completa, las relaciones de los anteriores con los elementos directivos profesionales, todo esto constituye una tela de araña donde algún que otro problema de los abrasivos hoy ha quedado prendido, que, al enturbiar, a mi juicio, el buen funcionamiento del organismo supervisor, ha de ser desenredada sin espera. Incumbencia exclusiva de la CNMV es, sin embargo, el aligeramiento y adaptación proporcionada a las circunstancias reales de los distintos procedimientos de supervisión, que con más frecuencia que la aconsejable atenazan de modo excesivo y perjudican el normal desenvolvimiento de las cosas.

Para alcanzar las metas apuntadas habrá que combinar adecuadamente cauces legislativos, otros exclusivos del Gobierno y, por fin, los internos de la propia CNMV. Como en muchos supuestos la primera piedra la tienen que poner las Cortes Generales, la premura y el interés general, condensado aquí en la buena marcha de los mercados financieros españoles, aconsejan aprovechar la oportunidad que hasta fin de año brinda la llamada ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2002, la cual tiene que, según veo el panorama, hacerse eco de los problemas que están en la mente de todos y de las sugerencias que le puedan llegar desde otras fuentes parlamentarias actualmente en funcionamiento.

Con ser lo que esbozo trabajo casi ciclópeo, quizá la medida más decisiva para la imperiosa recuperación del prestigio de la CNMV sea que lo relacionado con este organismo vaya abandonando paulatinamente el epicentro del debate político donde ahora se encuentra zambullido. Nada más contraproducente para una entidad que tiene que desplegar su labor acolchada por el silencio y la discreción que las circunstancias conduzcan a que se diluciden en su campo agudas diferencias políticas. Pero el, me parece, imprescindible acalmamiento de la tensión política recayente en la CNMV no puede ser fruto de la sordina impuesta, cosa que, por otro lado, tal como están las cosas, se me antoja casi imposible, sino del acierto en las medidas legislativas y de otra naturaleza que se vayan adoptando, así como en el método con el que se vayan abordando. Éste es, en efecto, un terreno donde, conforme vaya escampando la tormenta actual e incluso para ayudar a que escampe, el consenso entre los grandes partidos políticos debería ir cuajando. En suma, la recuperación del prestigio de la CNMV es tarea insoslayable en el tiempo que se avecina. El intenso grado de desarrollo del sistema financiero español y de sus mercados reclama un organismo supervisor a su altura.

Luis María Cazorla Prieto es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos.