Alto a la Guardia Civil

El director de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil, Antonio Cuervo Sánchez, remitió una carta a EL PAÍS, publicada el pasado jueves 27, que recomienda hacer un alto. Su texto dice traer causa de la columna que firmé aquí la semana pasada a la que quiere responder y constituye, a mi juicio, un buen ejemplo de a dónde se puede llegar siguiendo las más aviesas pautas de la restricción mental, proceder en plena floración de días gloriosos según va desarrollándose el affaire Gescartera. Comienza la citada réplica por señalar que 'el destino del coronel José Luis Trapero no es el que dice el señor Aguilar'. Cierto, pero en la columna rectificada se hacía referencia al destino de dicho jefe cuando, todavía teniente coronel, aceptó la invitación a la finalísima futbolística de París a costa del gescarterista Antonio Camacho.

La carta citada, al defender la cuestionada diligencia de la Guardia Civil, afirma que la Dirección del cuerpo 'ha remitido, a través del Ministerio del Interior, a la comisión parlamentaria que investiga el caso Gescartera toda la información que le ha sido solicitada'. Cierto, entró en el registro del Congreso el lunes 24, lo que impidió que el dato pudiera ser tenido en cuenta en una columna que ya había sido remitida a EL PAIS. Consta de tres documentos, el más sustantivo de los cuales llegó adornado bajo la clasificación de 'secreto'. De forma que incluso los diputados miembros de la comisión parlamentaria sólo tienen acceso a una lectura custodiada sin posibilidad de obtener copia. Esta circunstancia sigue pendiente de las necesarias aclaraciones pero el informe se considera abierto a nuevas adiciones.

Pese a todas estas reservas han trascendido algunos detalles del expediente interno de la Guardia Civil encomendado para su instrucción al teniente coronel auditor Rafael Matamoros Martínez. Así, por ejemplo, se sabe que fue incoado con fecha 3 de agosto y que sus actuaciones se iniciaron el 6, es decir, casi dos meses después de que estallara el caso Gescartera. En el referido expediente para depurar responsabilidades se halla incurso el coronel José Giménez-Reyna Rodríguez al que ya se ha descabalgado de la relación de jefes de la Guardia Civil seleccionados para acudir al preceptivo curso de ascenso al generalato. Se le imputa una falta muy grave de las tipificadas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 11/1991 reguladora del régimen disciplinario de la Guardia Civil. En particular, una de las descritas como 'observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la Institución que no constituyan delito'.

Las sanciones previstas para esa clase de faltas pueden alcanzar la pérdida de puestos en la escalilla, la suspensión temporal de empleo y sueldo por el plazo de un mes a un año e incluso la separación definitiva del servicio. Claro que en su descargo el coronel Reyna, señala a su jefe el general de división Antonio Blanes García, como interlocutor directo de su hermana Pilar, la del dietario, para las inversiones en Gescartera de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. Una Asociación de la que es presidente, en razón de su cargo y por delegación del director del cuerpo, el general antes citado. En todo caso, la Guardia Civil como tal sigue a paso de buey, sin personarse en el procedimiento abierto a Gescartera, y ha perdido aquella vista de lobo, como lo prueba la entrega de 320 millones en manos del malabarista Camacho el mismo día que la Armada recuperaba sus fondos. Qué contraste entre el proceder de Valdivielso al frente de la Guardia Civil y el del Almirante Francisco Torrente, jefe del Estado Mayor de la Armada, quien al observar 'manipulación contable y ocultación del riesgo en las inversiones del ejercicio 2001' ha puesto a tres de sus jefes a disposición del fiscal.