Destacados jueces no catalanes han introducido tesis autonomistas en el Tribunal Constitucional

CiU propuso en 1992 la entrada del juez Carles Viver Pi-Sunyer en el Tribunal Constitucional; Viver pasó a ser el único magistrado catalán y desde entonces los nacionalistas han tendido a considerar que éste era el único miembro del alto tribunal a quien cabía calificar de pro autonomista. Ahora, en cambio, el único magistrado catalán incluido en la renovación del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, ha sido propuesto por el PSC, y eso ha motivado que los nacionalistas consideren que no hay ningún pro autonomista. La trayectoria del Tribunal Constitucional indica que destacados juristas no catalanes han defendido tesis autonomistas, en muchas ocasiones con éxito.

Los especialistas en derecho, niegan, sin embargo, que pueda clasificarse a los magistrados del Constitucional como pro o antiautonomistas. Y subrayan que, en cualquier caso, las numerosas e importantes sentencias que han sido muy positivas para el desarrollo autonómico del Estado no son en absoluto atribuibles a un alineamiento partidista de los magistrados. Y mucho menos al hecho de ser catalanes o no serlo.

Profesores de derecho constitucional consultados sobre esta cuestión destacan como muy importantes para la consolidación del modelo autonómico la doctrina sobre la definición de legislación básica defendida por Francisco Tomás y Valiente. Recuerdan también que Francisco Rubio Llorente aportó en su día conceptos decisivos para el deslinde de los poderes central y autonómico, que han sido de gran utilidad para el ejercicio de las competencias autonómicas.

En la lista de sentencias claramente pro autonomistas todos los profesionales del derecho consultados destacan la dictada en 1994 sobre bilingüismo en las escuelas. El ponente de aquella sentencia fue un catedrático especializado en derecho internacional, Julio González Campos, sevillano, propuesto en 1992 por la izquierda. Y aunque de eso hace ya muchos años, la sentencia que desarboló la LOAPA en agosto de 1983 es uno de los más rotundos casos que desmienten la clasificación de los magistrados como pro o antiautonomistas en función del partido que les haya propuesto para el cargo o de su origen territorial. La ponente de aquella sentencia fue Gloria Begué, una magistrada de Madrid que tenía catédra en Salamanca. Aquella ley, elaborada por el Gobierno de UCD y pactada con el PSOE en el ambiente posgolpista de 1981, fue anulada en sus aspectos cruciales por ser contraria al modelo de Estado autonómico por un Tribunal Constitucional cuyos miembros habían sido propuestos por uno u otro de esos dos partidos.

Más recientemente, en julio, el Tribunal Constitucional falló a favor de las comunidades autónomas en una sentencia sobre la Ley del Suelo. Su ponente fue Fernando Garrido Falla, un magistrado muy conservador propuesto por el PP.

Viver Pi- Sunyer

Los especialistas sostienen que en derecho no hay una única verdad ni es posible trasladar mecánicamente a la labor de los magistrados etiquetas del ámbito político. Sin embargo, los políticos lo hacen. Diputados de CiU han afirmado recientemente en el Parlament que Viver era el único magistrado pro autonomista del Tribunal Constitucional. Diputados de otros partidos han extendido esa calificación a otros dos de los magistrados que ahora han sido sustituidos, el ya citado González Campos y Pedro Cruz Villalón, que es el actual presidente del tribunal.

Eso tampoco impide, sin embargo, que

muchos profesionales reconozcan que la labor de Carles Viver en el Tribunal Constitucional se ha caracterizado por el intento, a veces exitoso, de impulsar una avanzada concepción del Estado autonómico. Sus concepciones en la sentencia de 1995 sobre la ley vasca de asociación abrieron el campo a la legislación de las comunidades en asuntos relativos a este derecho fundamental. Lo mismo ha sucedido, según los especialistas, con sus posiciones sobre la función de la cláusula de supletoriedad del derecho estatal respecto al autonómico.

Nada de todo esto consuela a CiU, sin embargo, de la derrota que supone para esta coalición haber sido marginada en un asunto de tanta importancia.