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El Gobierno denunciará a seis familias por negarse a recoger a sus ancianos

Una juez dio 24 horas de plazo para evacuar dos residencias cerradas en Colmenar Viejo

El Gobierno regional denunciará ante la justicia a los familiares directos de seis ancianos que se han negado a hacerse cargo de ellos y los han 'abandonado' tras la clausura de dos residencias de Colmenar Viejo, según anunciaron ayer fuentes de la Consejería de Servicios Sociales. 'Estas familias fueron requeridas para que recogieran a sus familiares; se trasladaron a Colmenar y abiertamente se negaron a hacerlo', señaló una persona que estuvo presente en la operación de realojamiento de los 42 residentes en los establecimientos cuya clausura ha sido decretada por la juez de instrucción número 3 de Colmenar. 'Hubo momentos terribles, como el de una persona de la que no quiso hacerse cargo ninguno de sus seis hijos', agregó.

Las residencias La Milagrosa y Santa Rosa de Lima han sido precintadas al considerar la juez que sus dueños pueden haber incurrido en graves irregularidades de carácter penal.

La juez dictó, a últimas horas de la noche del pasado viernes, un auto, cuyo contenido no ha sido precisado, en el que ordenaba el cierre de ambos establecimientos. A la vez dio al Gobierno regional un plazo de 24 horas para proceder al traslado de los mayores.

La Consejería de Servicios Sociales, dirigida por Pilar Martínez, activó en la mañana de ayer la operación de traslado de los 42 ancianos. Doce de ellos, que carecen de parientes, han sido trasladados a centros dependientes de la Comunidad (cuatro, a la residencia de Aranjuez; cuatro, a Brunete; tres, a Alcobendas, y uno, a la residencia de Pedrezuela).

El destino de los otros 30 ancianos fue el siguiente: 12 fueron recogidos ayer por sus familiares y 18 fueron trasladados provisionalmente por la Comunidad de Madrid a la residencia de Villaverde. De estos, hay 12 cuyos familiares se han comprometido a recogerlos el próximo lunes, pero los otros seis restantes han sido abandonados a su suerte por los parientes más cercanos. En este caso, el Gobierno regional solicitará a la autoridad judicial que aplique los artículos 142 y 143 del Código Civil, que establecen que los cónyuges, los ascendientes y los descendientes 'están obligados recíprocamente a darse alimentos', comprendiendo por tales 'lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica'.

La juez de Colmenar Viejo adoptó la decisión de cerrar las residencias tras inspeccionarlas en la noche del pasado viernes, acompañada del fiscal y el médico forense. Posteriormente, ordenó el cierre de ambos establecimientos y el precintado de un despacho donde había medicamentos y diversos documentos de tipo contable, lo que induce a suponer que la magistrada concede a este material gran importancia en el curso de la investigación penal. Es previsible que el fiscal presente cargos contra el matrimonio propietario de los centros, sitos en las calles del Reloj y Santa Rosa de Lima, en Colmenar.

En estas residencias han estado viviendo 48 ancianos durante los seis años que llevan abiertas.Los internos han sido atendidos habitualmente por extranjeros indocumentados y carentes de los conocimientos necesarios para desempeñar esa función.

El cierre de las instalaciones ha sido decretado por la juez tras un proceso que se inició después de que dos de estos empleados, de nacionalidad ecuatoriana, denunciaran a los dueños ante la Guardia Civil. Como consecuencia de esta denuncia, el matrimonio propietario de ambos centros, formado por Isabel do Souto Prada, gallega de 49 años, y Rubén Pablo Aquino Morales, peruano de 37, fue detenido el miércoles de la semana pasada y dos días después quedó en libertad.

Penalidades y precariedad

Los dos trabajadores denunciantes relataron las penalidades y la situación precaria en la que vivían los internos. La investigación fue llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid. Sus agentes llegaron incluso a simular el ingreso de un anciano en una de las residencias, y observaron que 'la situación era alarmante' y que 'el precario estado de los internos era total'. También comprobaron que 'los únicos trabajadores que se ocupaban de ellos eran ciudadanos ecuatorianos ilegales', sin titulación ni conocimientos específicos sobre ese puesto, y que lo mismo hacían labores de limpieza que se ocupaban de la higiene de los ancianos y de darles medicamentos.

La concejala de Servicios Sociales y Personas Mayores de Colmenar Viejo, Antonia García, se mostró satisfecha por la clausura de las dos residencias, y aseguró que el Ayuntamiento estaba investigando desde hace tiempo estos dos centros, aunque nunca sospechó que las anomalías fueran 'tan graves', como quedó de manifiesto en un reportaje emitido el pasado jueves en Antena 3.

La edil explicó que desde que en 1999 el Ayuntamiento de la localidad madrileña recibiera las primeras quejas de algunos familiares de los ancianos, las residencias tenían acumulados varios expedientes. 'Pero siempre hemos tenido dificultades para demostrar las denuncias de las familias porque [los propietarios] tenían información de que veníamos, y limpiaban todo', declaró García a Efe. 'El maltrato no lo hemos podido detectar desde las inspecciones del Ayuntamiento', añadió.

Momento del traslado de varios ancianos de una de las residencias clausuradas por la juez en Colmenar Viejo.
Momento del traslado de varios ancianos de una de las residencias clausuradas por la juez en Colmenar Viejo.SANTI BURGOS

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