Instituciones demediadas

La clase política está dando un bochornoso espectáculo con su extrema lentitud para cubrir los 36 cargos de instituciones tan absolutamente centrales para el buen funcionamiento del sistema político como son el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas e incluso un consejero del Banco de España. Lo lamentable no es ya sólo la vulneración del plazo, sino el merchandeo de nombres que se adivina detrás de tantas infructuosas reuniones. Y, sobre todo, la inevitable imagen de descarada instrumentalización de instituciones que deberían estar mucho más allá de los meros intereses de parte. Después de lo ocurrido en la CNMV estamos ya, además, mucho más sensibilizados ante este tipo de situaciones y comportamientos. Entre paréntesis: por no hablar de la sorprendente utilización del Senado, Cámara a la que el PP ha metido prácticamente en el congelador durante años para rescatarla ahora en la disputa sobre el acuerdo televisivo extremeño-andaluz.

En todos estos casos el síndrome es el mismo: pequeños intereses partidistas se imponen sobre consideraciones de interés general. Con la conclusión lógica de que muy probablemente acaben erosionando la legitimidad de instituciones que son clave para la realización de funciones esenciales para el sistema democrático como un todo. Incorporarlas al cómputo de los despojos del poder hace un flaco favor a la democracia. No hay, sin embargo, forma de controlar esta externalidad del sistema fuera de la propia autorrestricción de los partidos políticos en sus atribuciones legales. El botín es demasiado goloso como para dejarlo escapar. Ya vimos lo rápido que tardaron en desvanecerse los buenos propósitos del PP respecto a elegir a un independiente para cargos como el de director general de RTVE. Pedir a los grandes partidos que renuncien a los innumerables beneficios políticos derivados de este control partidista de ciertas instituciones atenta contra las premisas básicas del cálculo racional. De ahí las recientes declaraciones de Rato de que no tienen ninguna intención de cambiar las competencias para nombrar cargos que vienen de leyes promulgadas por el PSOE.

Algunos sistemas políticos establecen controles indirectos a través de audiencias parlamentarias, como los hearings del Senado de EE UU. Al menos cumplen la función de fiscalizar y presentar a la opinión pública la trayectoria de las personas propuestas para algunas instituciones. Podemos enterarnos así de muchos deslices de ciertos candidatos -por supuesto acoso sexual o por emplear a una inmigrante ilegal, por mencionar casos recientes-, pero también admirar sus muchos méritos, cuando los tengan. Aunque hayan sido propuestos después de negociaciones políticas entre los principales grupos políticos, este sistema tiene la importante ventaja de introducir mucha más transparencia en las razones concretas que avalan la elección de los distintos cargos. Y obliga a argumentar públicamente sobre la valía objetiva y la idoneidad de cada uno de ellos para su cargo específico. Sin prejuzgar sus otros posibles méritos, ¿hubiera sido elegida Pilar Valiente bajo estas condiciones o hubiera chirriado una trayectoria tan espectacularmente partidista en un órgano regulativo como es la CNMV?

La democracia tiene su propia versión del mito de la transsubstancialización. Consiste en presuponer que quienes no representan más que intereses de parte -y de ahí viene la palabra 'partido', no lo olvidemos- actuarán después, una vez en el poder, siguiendo los intereses del todo. El entramado del Estado de derecho, del que forman parte indisoluble algunas de estas instituciones antes mencionadas, está en gran medida diseñado para empujar en esta dirección. Pero nada impide que puedan introducirse también pequeños caballos de Troya que, como en el caso que nos ocupa, tienen de partidismo a las instituciones fundamentales del Estado. Con el agravante de que éstas no sobreviven ni se legitiman por sí mismas; deben ser continuamente alimentadas por un funcionamiento que responda a lo que institucional y socialmente se espera de ellas. Las prácticas democráticas son casi tan importantes como su propio diseño formal. Y en lo que hace a la renovación institucional no es demasiado buena señal que, además del propio control partidista, se haya generalizado ya un distorsionante incumplimiento de los plazos formales previstos.