1.500 menores han sido detenidos en Valencia desde el pasado enero

La Fiscalía de Menores de Valencia ha incoado alrededor de 3.100 diligencias preliminares en la provincia desde que entrara en vigor la Ley Penal del Menor el pasado mes de enero. Como resultado de las mismas, 1.500 menores han sido detenidos, de los que la mayoría está con su familia y sólo unos pocos han sido internados preventivamente o por protección. Se han abierto entre 700 y 800 procedimientos repartidos entre los tres juzgados de menores.

Manuel Dolz, fiscal coordinador de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia afirmó ayer que ninguno de los nueve menores que fueron detenidos el pasado viernes 21 por supuesta implicación con actos vandálicos en la ciudad ha sido ingresado en centro alguno. Dolz apuntó que sólo en casos en los que los padres no pueden hacerse cargo del menor, o de forma preventiva, se interna a un menor implicado en una causa penal, lo que no ha ocurrido con los nueve menores que según la policía pertenecen a un grupo autodenominado 'la Razón Siempre Manda' (RSM), estudiantes del Instituto Profesor Josep Viguer, y a quienes presumían que podría imputarse la quema masiva de vehículos en la ciudad de Valencia.

Manuel Dolz explicó ayer a abogados de menores la investigación que hace el fiscal en el procedimiento penal de menores en una conferencia del tercer curso de especialización en Derecho de Menores organizado por el Colegio de Abogados. Las dudas que los letrados asistentes le plantearon al término de su intervención sirvieron también a Dolz para explicar cuáles son los problemas que encierra la Ley Penal del Menor que entró en vigor el pasado mes de enero. 'Uno de los escollos, que ya fuera polémica al aprobarse la norma, es la responsabilidad civil derivada de delitos cometidos por menores que corresponde solidariamente a sus padres o guardadores. Es un escollo porque los padres tienen que afrontar esa responsabilidad civil, hay mecanismos legales para asegurarla, y porque las pólizas de seguro excluyen de forma expresa la cobertura por actos dolosos'. Precisamente, en la fiscalía de Valencia, un juez de menores planteó el pasado mes de junio al Tribunal Constitucional algunas cuestiones de inconstitucionalidad, entre ellas varias relativas a la responsabilidad civil. 'Pero no nos consta que hayan sido admitidas a trámite', dijo Dolz.

El fiscal de menores dijo que el éxito de la aplicación de la ley depende de la activación de algunos mecanismos importantse. 'Los mecanismos preventivos tienen deficiencias, no existe una buena intervención de Servicios Sociales. Y en la misma proporción existen problemas en la integración del menor que ha cometido un delito. La Generalitat da los medios de la ejecución material de las medidas. En cuanto a centros no hay problema. Pero sí es conveniente trabajar en centros de protección, para acoger a menores extranjeros y aquellos que necesiten intervención terapéutica. En lo que hay que hacer más hincapié es en las medidas de libertad vigilada, que haya técnicos, educadores, trabajadores sociales e infraestructuras en las que sí hay un déficit que debe afrontarse'.